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La Cámara de Senadores aprobó entre críticas al Poder Ejecutivo la nueva Ley de Emergencia Sanitaria que estará en vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Se establece la compra de vacunas contra el COVID-19, la cobertura de pacientes hospitalizados a través del Fondo COVID-19, la contratación temporal de personal de salud y el pago del IPS por aislamiento a los trabajadores.

En la ley se declara Estado de emergencia hasta junio de este año ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. El proyecto será estudiado por la Cámara de Diputados el martes en sesión extraordinaria a las 10:00.

Los senadores entre cuestionamientos por la forma en que se presentó la ley que ya perdió vigencia el 31 de diciembre, se vieron en la obligación de una nueva declaración para que el Ministerio de Salud y todo el sistema sanitario pueda regirse ante las necesidades que se dan en esta tercera ola.

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También se efectúa la vigencia de la ley de vacunas para que puedan adquirirse y distribuirse de forma gratuita, en especial aquellas destinadas a los menores de edad. En el artículo 3° se establece que hasta el 31 de marzo estará en vigencia la ley que crea el Fondo COVID-19 para pacientes hospitalizados, incluye el convenio y el pago de la deuda a los sanatorios privados.

También se autoriza al MSPyBS la contratación temporal de personal de salud en reemplazo de aquellas renuncias que se dieron, se deberá constar el nombre, cargo y funciones del personal reemplazado y la vigencia de su contrato, que estará publicada en la página web.

Por otra parte, se presentarán cada 60 días, desde la promulgación de la ley, las rendiciones de cuentas con un informe al Congreso y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación de respaldo. La CGR reglamentará el procedimiento de rendición correspondiente, de esta forma se dará el monitoreo y la auditoría de todas las gestiones autorizadas.

Por último, se incluye el pago del IPS a los trabajadores que están suspendidos, en aislamiento, en reposo o en situación de riesgo por el COVID-19, de los saldos que percibe la institución que son de US$ 20 millones.