La Cama Alta rechazó el veto del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de Ley N° 6.640/2020, “que incorpora los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, lado paraguayo, al PGN”
Durante el debate, fueron varios los legisladores que cuestionaron la postura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para objetar la iniciativa. El veto presidencial argumentó que la ley que había sido sancionada es inconstitucional ya que los citados gastos se efectúan de conformidad con los tratados constitutivos de ambas entidades binacionales, que son las únicas que pueden diseñar y ejecutar los programas que se realizan bajo este concepto.
Esta argumentación fue criticada y refutada por los senadores, que se mantuvieron en su postura de que no se trata de una inconstitucionalidad sino de transparentar los gastos destinados a lo social y ambiental de las binacionales.
En este sentido, el senador Enrique Bacchetta mencionó que el único objetivo del proyecto es dar un mayor control a estos gastos. “Lo que pretende esta ley es evitar la discrecionalidad. Es el momento de ser un fiel intérprete de lo que quiere la ciudadanía”, remarcó. Por su parte, el senador Stephan Rasmussen mencionó que “con este veto, el Ejecutivo perdió una brillante oportunidad de transparentar el uso de los gastos socioambientales; vetó que se pueda controlar el dinero público”, indicó.
Mientras tanto, el senador Eusebio Ramón Ayala señaló que el argumento del Ejecutivo solo refiere generalidades, y no tienen que ver específicamente con el proyecto de ley. “Estamos discutiendo sobre dos recursos estratégicos muy importantes. El veto del presidente de la República incorpora generalidades, pero no objeta concretamente el proyecto de ley”, sentenció el legislador.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, había manifestado que recomendará al mandatario Mario Abdo Benítez recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el Congreso Nacional rechace el veto total al proyecto de ley que pretende la incorporación de los fondos destinados a los gastos socioambientales de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá al PGN.