El proyecto pone a la Contraloría General de la República (CGR) como órgano responsable de recibir dichas declaraciones, tal como se da con las declaraciones juradas de bienes, así como un plazo de 30 días calendario siguientes a la asunción del cargo.
Un punto importante es que establece que dichas declaraciones tengan un carácter público, por lo que la CGR deberá subir los datos a su portal web para que la ciudadanía y los organismos puedan evaluar su contenido.
La ley afectaría a funcionarios desde el presidente de la República hasta ministros, legisladores, autoridades de entes, magistrados, fiscales, así como militares y policías de alto rango, entre otros. Estos están obligados a presentar bajo amenaza de multas y sanciones.
DATOS. Entre los datos más interesantes que deben figurar en esta declaración están los títulos, acciones u otros valores cotizables o no en bolsa, en el país y en el exterior.
También deben estar los derechos en empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación patrimonial, constituidas en el país o en el exterior, sea en administración o en capital.
Deberán declarar su participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia, o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado o por cargo honorario.
Cada funcionario de alto rango deberá identificar su participación en organizaciones privadas, o sea, afiliaciones a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, gremios y similares.
Se establece que la CGR debe crear un registro público de declaraciones juradas de intereses en una plataforma virtual, y llevar adelante exámenes de verificación sobre posibles conflictos de interés que puedan darse con los elementos detectados.