La medida que beneficia a González Daher fue otorgada bajo una fianza real de un inmueble evaluado en G. 1.500 millones.
El ex senador colorado había logrado su libertad ambulatoria en otra causa, pero no podía salir en libertad porque tenía arresto domiciliario en el caso de los audios, por lo que su abogada defensora Sara Parquet solicitó la libertad a través de una revisión de medidas cautelares.
En su escrito, la abogada Parquet sostuvo que su defendido se sometió al proceso penal y colaboró con la investigación, además de tener suficiente arraigo. Con ello, requirió que fuera beneficiado con una medida menos gravosa, como la libertad ambulatoria, que fue resuelta ayer por el magistrado Zárate.
En la misma causa del ex senador colorado, también serán juzgados el ex legislador del UNACE Jorge Oviedo Matto, además del ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann y el ex ministro del Interior Carmelo Caballero.
El juicio oral y público está fijado para el próximo 10 de setiembre, desde las 7:30 horas.
El Tribunal de Sentencia está conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, mientras que es suplente la magistrada Elsa García.
LOS ANTECEDENTES. En el caso, la Fiscalía había imputado a González Daher, Oviedo Matto, Fernández Lippmann y al abogado Raúl Silva, el 28 de diciembre del 2017, a raíz de los audios filtrados del JEM sobre supuestos negociados de casos, presión fiscal y pedido de coimas, entre otros supuestos hechos, desde el organismo encargado de juzgar la actuación de jueces y fiscales sobre fallos.
Sin embargo, desde la imputación misma hubo inhibiciones y recusaciones, además de incidentes que retrasaron el procesado por mucho tiempo, hasta que finalmente hubo acusación fiscal.
De ellos, la Fiscalía pidió elevar a juicio el caso contra González Daher, Fernández Lippmann, Caballero y Oviedo Matto, aunque se pidió el sobreseimiento de Silva.
La acusación fue presentada por los fiscales Natalia Fúster, Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia, el 21 de diciembre del 2018, ante el juez de la causa.
La defensa de los acusados atacó la ilegalidad de los audios, ya que fueron obtenidos en forma ilícita, según decían, por lo que todo estaba anulado y no podían ser utilizados en juicio oral.
La Fiscalía, por su parte, decía que ellos no iban a usar las grabaciones, sino otras pruebas contra los acusados.