El diputado oficialista, quien está en prisión por delitos de lavado de dinero,vinculación al narcotráfico y otros delitos, no podrá seguir eludiendo el impuesto a la renta personal.
Cabe señalar que dicho importe, sin tener en cuenta los ingresos que le generaban su profesión de abogado, ya superaba la base para ser sujeto del impuesto a la renta personal (IRP), que para ese periodo alcanzaba a quienes percibieron ingresos superiores a 48 salarios mínimos, de G. 87.554.640 en el año.
El caso de Quintana desnuda una vez más la falta de compromiso de las propias autoridades para cumplir con las legislaciones que la misma Cámara aprobó. El propio viceministro de Tributación, Óscar Orué, reconoció en una reciente entrevista a ABC Cardinal que esto sigue siendo una debilidad en la función pública y dentro del mismo Congreso. No obstante, añadió que la Administración Tributaria está detrás de los posibles contribuyentes y que tomará las precauciones para realizar las inscripciones de oficio como estipula la Ley.
En la entrevista, Orué contó que se inscribió de oficio a un legislador y no quiso dar nombre. Pero, extraoficialmente, ABC averiguó posteriormente que se trata del cuestionado diputado (ahora encarcelado), a quien tras inscribir de oficio, le aplicaron multa.
El legislador está acusado de asociación criminal y lavado de dinero y sindicado como supuesto miembro de una estructura criminal que se dedica al tráfico internacional de drogas y que estaría liderada por Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, principal acusado en este proceso, quien está preso, pero en su caso en la Agrupación Especializada.
La prisión de Quintana, en Viñas Cue, fue ordenada en septiembre del 2018, dos meses después de asumir como legislador. Logró retomar su banca, pero el 29 de noviembre del año pasado se decretó de nuevo su prisión. En 2019, el diputado recibió asignación salarial por cuatro meses y medio, que sumaron G. 134.267.360, según los registros oficiales.
En total, 9.129 contribuyentes de todo el país fueron anotados por el fisco de oficio, en igual situación que el legislador procesado, por lo que también abonaron la multa por contravención. Esa cantidad representa el 17% de todos los que ingresaron en IRP en el último año. Desde que entró en vigor el IRP en el 2015 hasta el año pasado, estaban inscriptos un total de 140.587 contribuyentes. Desde este año, ingresarán aquellos cuyos ingresos anuales superen los G. 80 millones.