Porque no cumplía con los requisitos legales, la jueza de Garantías Cynthia Lovera devolvió al fiscal Édgar Sánchez la imputación presentada contra el titular del Partido Liberal Radical Auténtico.
Según la magistrada, no describe los hechos que realizó el ex candidato presidencial y mucho menos la relevancia jurídica que tenían los citados hechos.
De esta manera, el fiscal Édgar Sánchez deberá primero corregir su imputación basado en el artículo 302 del Código Procesal Penal, que determina las puntos que debe contener el escrito para presentarlo nuevamente.
La jueza Lovera, por otro lado, sí aceptó la imputación contra Pascual Benítez Barrientos y Luis Moriz, administradores de la campaña liberal en el Alto Paraná.
Estos dos están procesados por supuestos hechos de producción de documentos no auténticos, producción y uso mediato de documentos públicos de contenido falso, conforme con la imputación.
Ambos fueron citados para el próximo miércoles 10 de junio, a las 09:45 y a las 10:00, respectivamente, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
POLÍTICO. Con ello, con respecto a Efraín Alegre, según la jueza, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 302, inciso 2, del Código Procesal Penal.
El citado artículo señala que la imputación debe “describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan”.
En la imputación, el fiscal indica que el señor Silvio Concepción Martínez, dueño de la estación de servicios Catedral, refirió que participó de una reunión de negocios con el PLRA, donde comentaron que su estación de servicios figuraba que le proveyó combustible por G. 98.000.000, según la factura del 19 de julio del 2018. Sin embargo, la venta era por G. 100.000.
El fiscal apunta en su imputación que la factura fue presentada por Benítez y Moriz, en su carácter de administradores de la campaña del Alto Paraná. Además, apunta que la rendición de cuentas fue firmada por Alegre, como presidente del PLRA.
Con ello, no se describe qué hizo Alegre y cuál es su delito, según el Juzgado.