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La interpelación al jefe de Gabinete, y al titular de Petropar, Denis Lichi, será definida esta semana.

Cabe señalar que el pedido fue presentado por 26 diputados de la oposición, a lo que se sumarían 22 votos del cartismo, e inclusive podrían sumarse algunos de Añetete, ya que señalan que la interpelación no es una sentencia.

El cartismo definirá oficialmente hoy su postura sobre el llamado a interpelación. No obstante, ya existe una tendencia a favor de la aprobación.

El diputado Derlis Maidana indicó que su postura personal es la de apoyar el pedido de interpelación como una oportunidad que tiene el jefe de Gabinete para aclarar todas las dudas de este acuerdo con PDVSA.

Señaló que Villamayor debe informar sobre todos los detalles, como por ejemplo, ”si el borrador del acuerdo se hizo realmente en Venezuela o se envió desde Paraguay, así también debe explicar cuál es la relación con el abogado argentino Sebastián Vidal que –según los venezolanos– se les presentó en el Palacio de López”. “Todas esas dudas, van a tener la oportunidad de ser aclaradas en el momento de la interpelación”, destacó el legislador, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Mañana se evaluará el pedido de interpelación con senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso, y seguidamente se convoca a los 80 diputados para aprobar el pedido y luego se establecerán los plazos para la convocatoria. La interpelación se podría dar entre la próxima semana o en 15 días.

Desde Añetete, los diputados señalan que no se debe temer a la interpelación, ya que no significa que sea una sentencia, y esperan que los cartistas y los opositores salgan convencidos con las respuestas de Villamayor, a fin de evitar el voto de censura, que significa la derrota del interpelado.

Recientemente se hizo público a través del Washington Post, un escándalo internacional sobre la negociación que hizo Juan Ernesto Villamayor, sobre la deuda de PDVSA, con el mandatario autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó. En el fondo del trato estaría supuestamente una comisión de USD 26 millones. Hasta ahora, Mario Abdo Benítez no se pronunció al respecto.

El negociador de Guaidó, Javier Troconis, señaló que el convenio no prosperó porque Paraguay pretendía pagar la mitad de la deuda contraída en el año 2010 y evitar los intereses. Además, subrayó que se negaron a seguir con las negociaciones porque se buscaba que los venezolanos paguen una suma millonaria a un abogado de Paraguay.

Señaló que la propuesta no surgió de él ni del Gobierno interino de Juan Guaidó, sino de Paraguay, versión que es negada por las autoridades paraguayas.

Lichi está envuelto en otro caso sobre un negociado con una empresa argentina a la que el Estado paraguayo casi llegó a pagar USD 7 millones en un extraño acuerdo extrajudicial que terminó con la “renuncia” de Sergio Coscia de la Procuraduría.

Algunas figuras de la oposición piden la destitución tanto de Villamayor como de Lichi, además de una investigación seria.

El Frente Guasu, por su parte, desafió a los senadores del cartismo a que inicien el juicio político a Mario Abdo Benítez, y fueron cuestionados porque es la Cámara Baja la que debe iniciar dicho proceso.