El intendente de la localidad de Puerto Casado, Hilario Adorno, nuevamente es blanco de la polémica luego de haber admitido en un audio la retención de cédulas de identidad de indígenas para “sumar votos” a favor del precandidato oficialista Arnoldo Wiens.
En una grabación que fue facilitada al Diario LA NACIÓN se escucha la voz de quien sería el jefe comunal de Puerto Casado dirigiéndose al presidente de la Ande, Félix Sosa, a quien implora su mediación para la reposición del servicio de energía eléctrica para algunos adherentes de su movimiento político, entre ellos su jefe de campaña.
Según menciona Adorno, algunos de sus correligionarios del movimiento Fuerza Republicana supuestamente son víctimas de “persecución política” y por ello les habrían cortado el suministro eléctrico, por lo que apelaba a su ayuda para resolver el asunto.
En una parte del audio, el intendente realiza una particular promesa para “asegurar votos” el día de las internas coloradas: la retención de cédulas de identidad de integrantes de una comunidad indígena de la zona.
Esta información fue confirmada a La Nación/Nación Media por Luis Duarte, comunicador radial de Alto Paraguay, quien admitió que Hilario Adorno es conocido desde hace tiempo por incurrir en esta repudiable práctica con diversos fines.
Generalmente retiene los documentos de identidad de los nativos bajo la promesa de brindarles asistencia, sobre todo con la provisión de víveres, aunque también lo hace con el propósito de tener “seguridad” respecto a los votos para el día de las elecciones, como ocurriría en este caso.
En la grabación, Adorno promete que esos votos serán para el precandidato a la Presidencia por Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens, así como para Mario Abdo Benítez, quien se postula a la presidencia del Partido Colorado para los comicios que se celebrarán el 18 de diciembre.
“Es un trabajo habitual del intendente el despojo de documentaciones a la fuerza en comunidades indígenas, sabiendo la necesidad que tienen ellos. Utiliza esto como medio de presión, es algo que ya se sabe”, refirió Duarte.
El mismo repudió que una autoridad se aproveche de esta manera de la vulnerabilidad de las personas, más aún tratándose de indígenas que viven sumidos en la precariedad y la ignorancia, sin tener posibilidad siquiera de efectuar sus denuncias ante los canales correspondientes.
Dicha práctica denunciada en Puerto Casado atenta abiertamente contra la Constitución Nacional, que en su artículo 35 establece que “los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades”.