El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, mencionó que el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el perjuicio al Estado paraguayo en relación con la Itaipú podría afectar de alguna manera la eventual revisión del Anexo C y también la renegociación del Tratado.
En este contexto, señaló que si esta deuda existe debe ser reconocida y saldada. “Esto de alguna manera contamina la eventual revisión del Anexo C, y ni qué decir la renegociación del Tratado, pero de todas maneras yo creo que esto tenemos que tomarlo con mucha seriedad, con mucha serenidad y, como decíamos, si la deuda es ilegal debe ser resarcida, debe ser reparada”, expresó Acevedo, en entrevista para el canal GEN.
NO ES SORPRESA
Asimismo, mencionó que el dictamen de la Contraloría no fue ninguna sorpresa. Agregó que con la intervención del Ministerio Público este dictamen hará que la persecución de los hechos punibles sea más factible. “No es ninguna sorpresa, lo que pasa es que la versión ha sido legitimada por un informe de un organismo constitucional como la Contraloría General de la República; si bien es cierto, el informe no tiene todavía connotaciones penales, es obvio que ahora con la intervención de la Fiscalía la persecución de los hechos punibles lo va a hacer más factible”, mencionó.
Por otra parte, el canciller nacional manifestó que se pondrá en contacto con su par del Brasil Carlos França para ver los avances que se puedan dar a la revisión del Anexo C prevista para el 2023. Mencionó además que recomienda al contralor general de la República, Camilo Benítez, a ponerse en contacto con su par brasileño.
INFORME DE PARTE DE BRASIL
Igualmente, el analista y ex senador Mario Paz Castaing calificó de compleja la situación creada con el informe de la Contraloría, sobre la deuda ilegal de Itaipú. Cuestionó que no se haya personalizado el informe para poder identificar a los responsables y exigir una reparación del daño en el ámbito judicial. A criterio del ex parlamentario del Partido Encuentro Nacional (PEN), la investigación está inconclusa y la Contraloría debe correr traslado a su par de Brasil, a fin de llevar adelante una pesquisa conjunta.