Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por tráfico de influencias a José Ramón Bogado, María Lorena de Barros Barreto y Diego di Stefano Mónaco, ex secretarios del ex ministro del Interior y del Gabinete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor. Los imputados solicitaron la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la Justicia.
La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los imputados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer, “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte la imputación.
Asimismo, mencionan que el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, período en que también hubo comunicación telefónica y por Whatsapp entre Lorena de Barros Barreto y la abogada Leticia Bóveda, donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevara adelante tales reuniones, reza parte de la imputación fiscal.
El acta de imputación explica que “de acuerdo a los elementos de sospecha, los tres imputados pidieron la suma de US$ 2 millones para ejercer sus influencias con miembros de la Corte y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con el fin de obtener y asegurar resultados favorables a favor de Darío Messer. El dinero iba a ser distribuido en US$ 1 millón para Juan Ernesto Villamayor y el otro US$ 1 millón para los miembros de la Corte. Esta atribución que realiza el Ministerio Público surge de una secuencia entre las reuniones que se mantuvieron entre los imputados y los representantes de Messer”, menciona la Fiscalía.
Según los investigadores, el imputado Diego di Stefano se presentó ante los abogados de Messer como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la máxima instancia judicial, como para poder obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado por Darío Messer y sus abogados. Incluso, hasta aseguró la obtención de un habeas favorable ante la propia CSJ como para evitar la extradición a la República Federativa del Brasil y mantenerlo en nuestro país.
El imputado José Bogado se presentó ante los representantes legales de Messer como el nexo del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por ser secretario privado del mismo y, por ende, tenía toda la confianza del ex secretario de Estado. Bogado sería el que tendría que hacer llegar el dinero pactado a Villamayor, según la presente investigación fiscal.
En el presente caso declararon los abogados de Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, así como el comisario Nimio Cardozo y otras personas más. Los fiscales Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron seis meses de tiempo para poder culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo.
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
El juez de Delitos Económicos José Delmás citó para hoy 3 de junio, a las 9:00, la audiencia de imposición de medidas cautelares para los tres imputados, ex secretarios de Juan Ernesto Villamayor. El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, pedido que deberá ser analizado por el referido magistrado o su interino.