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Un grupo de jóvenes colorados presentó ayer el pedido de pérdida de investidura con­tra el senador  del Frente Guasu presentando la denuncia contra el atentado que sufrió Colorado Róga, donde estos vándalos sabían perfecta­mente que ahí había estu­diantes viviendo en el local. A sabiendas de que había per­sonas viviendo en el recinto, ellos se fueron a buscar una muerte, la muerte de un colo­rado”, acusó Jazmín Ruiz Díaz.

“Vimos los hechos vandáli­cos, vimos que los manifes­tantes reales que estaban de manera pacífica estaban recriminando el ataque cri­minal de un sector que es del equipo y de la línea de Sixto Pereira. Había argen­tinos, venezolanos, chilenos, colombianos y es importante recalcar que ellos se fueron para buscar víctimas, se fue­ron a buscar un muerto”, puntualizó Danilo Araújo.

­Segundo pedido contra el senador

En octubre del 2020 el abogado Óscar Tuma denunció al senador Sixto Pereira por supuesto tráfico de influencias, por lo que solicitó también la pérdida de investidura del legislador del Frente Guasu. El parlamentario se vio envuelto en un conflicto en el cual con un título falso quieren apropiarse de tierras. En una grabación, se evi­dencia la forma en que negocia para “arreglar” el asunto.

Ante la aparición de audios en donde se escuchaba a Pereira haciendo uso indebido de influencias en conflictos de tierra incluso mencionando importantes sumas de dinero, los miem­bros de la bancada de Honor Colorado iniciarán los trámites para solicitar al pleno su pérdida de investidura.

En un audio difundido por “La caja negra” se le escucha al senador del Frente Guasu operando con una abogada en un conflicto de tierras. Si no hay arreglo, habla de meter campesinos al lugar. El conflicto involu­cra a la Agroganadera Arroyo Pozuelo, ubicada en Salto del Guairá.

Desde el año 2017 la Agroganadera Arroyo Pozuelo litiga contra la intención de despojarlos de 500 hectáreas de sus tierras en Salto del Guairá, el accionante es Héctor Urbano Parodi Molina, quien se pre­sentó con un título falso para expulsar a la empresa de sus tierras. Parodi alegó que compró las 500 hectáreas en un remate y propuso a la administración de la agroganadera el pago de 2 millones de dóla­res para desistir de toda acción judicial y “solucionar” el tema. Ante la negativa de los propietarios comenzó el calvario judicial.