Referentes empresariales y de la producción de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) cuestionaron ayer, en una conferencia de prensa, la “mirada pasiva y casi indolente” de las autoridades nacionales ante la convulsión que generan las movilizaciones y cierres de rutas.
Giuliano Caligaris, directivo de la CAP, denunció que ya hace veinte días que el país está paralizado. Dijo que exigen al Gobierno que ponga de forma inmediata un alto a esta situación.
“No puede ser que un sector de manera violenta y amenazante deje en paro a todo un país, violentando derechos constitucionales y poniendo en riesgo a miles de comerciantes”, sentenció.
Caligaris también refirió que el gremio exige que el Ministerio Público, al igual que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio se decidan a tomar cartas en el asunto. Afirmó, categóricamente, que ya no se puede seguir un día más en esta situación.
Este reclamo surge en medio de interminables denuncias de cortes de rutas a nivel país que vienen realizando los gremios de camioneros que exigen que el Congreso sancione una ley que los proteja de no trabajar a pérdida. Ayer, en Villarrica, ya se dio intervención de efectivos policiales para despejar la vía y también se produjeron detenciones.
En un comunicado, los empresarios de la CAP alertan que esas acciones “amenazan gravemente el basamento mismo de la República afectando claramente al derecho al trabajo y al derecho a la libre circulación, derechos que se encuentran garantizados en la propia Constitución Nacional”.
Refieren que esto está impactando de manera muy importante en la economía y perjudica no solamente a las grandes empresas e industrias, sino a toda la cadena productiva y de distribución, desde pequeños comercios hasta el consumidor final.
Ante estos hechos, la CAP “exige al Gobierno Nacional una postura más firme y el cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de personas y el transporte de bienes”.
Durante la conferencia, los empresarios y productores presentes denunciaron millonarias pérdidas por los cortes de ruta en diferentes puntos del país.
Ulisses Cabral, vicepresidente del gremio, sostuvo que no están atacando las reivindicaciones, pero sí reclaman que no pueden afectar derechos constitucionales, como el libre tránsito y el trabajo, tal como lo están haciendo.
Refirió que es grande el impacto negativo que están teniendo sectores muy importantes en materia logística, en medio de una situación económica muy golpeada.
Por su parte, Blanca Ceuppens, de la firma Pechugón, pidió a las autoridades una solución para poder seguir produciendo. “No puede ser que incluso se les derramen las mercaderías a los camiones”, cuestionó.
Diez piquetes y 17 imputados en el Alto Paraná
Ayer la Policía tuvo que intervenir para despejar el tránsito en el km 30, Minga Guazú. El resultado del operativo fue la detención de 17 piqueteros. Luego los fiscales Vanesa Candia y Édgar Torales los imputaron por coacción, perturbación de la paz pública y resistencia. Ordenaron la detención preventiva de 17 de ellos.
El diputado por Alto Paraná Jorge Brítez también fue demorado por unos minutos.
Asimismo se registró una caravana de camiones por la zona urbana de Santa Rita.
En el Alto Paraná se tienen contabilizados más de diez los piquetes de camioneros que exigen la media sanción del proyecto de ley sobre fletes. En el Norte, están a la altura del Municipio de Santa Fe del Paraná, cruce Itakyry y en acceso de Minga Porã.
Los procesados: Julio Ocampos, Adiniei Veira, Líder Benítez, César Leguizamón, Sandro Villalba, Hugo Gauto, Manuel Barrios, Elvio Cardozo, Benicio Irala, Néstor Morel, Rubén Garay, Osmar Espínola, Ramón Cabañas, Christian Dávalos, Carlos Dorigoni, Laureano Héctor Vázquez y Eleuterio Benítez.