);

El presidente del Congreso, Oscar “Cachito” Salomón, ubicó a una decena de parientes y amigos en entes públicos con salarios lujosísimos.

 Más de G. 220 millones mensuales le cuesta al Estado paraguayo mantener a los allegados de Cachito Salomón en funciones públicas.

El presidente del Senado, ubicó a una decena de parientes y amigos en cargos públicos. Conozcamos de quiénes se tratan:

 -Felipe “Felipito” Salomón Casola (hijo de Cachito): ministro de la Juventud. Salario mensual: G. 25 millones.

Actualmente está haciendo campaña para la intendencia d eSan Lorenzo.

Denunciado por utilizar  las obras finan­ciadas por la Entidad Bina­cional Yacyretá (EBY) para posicionar su perfil electoral.

 

-Gessy Rebeca Flores (hijastra de Cachito): funcionaria de la Corte Suprema de Justicia y comisionada a la Itaipú Binacional. Salario mensual G. 17.265.848 ( CSJ: G. 4.775.950 // Itaipú: G. 10 millones, además de G. 2.489.898 en concepto de auxilio de alimentación).

Flores formó parte de una lista de funcionarios que iban a ser sancionados por la Corte debido a que estaban haciendo lobby con parla­mentarios para conseguir recategorizaciones.

 

-Juan Manuel Ibarra Salomón (sobrino de Cachito): alto cargo en Yacyretá. Salario mensual: G. 37.136.326.

 

– Arnaldo Demetrio Fernández Allende (compadre de Cachito): director administrativo de Yacyretá. Salario mensual: G. 84.741.645.

 

– Daniel López Mendoza (compadre de Cachito): también tiene alto cargo en la hidroeléctrica y es encargado de los asados del presidente del Senado. Salario mensual: G. 56.377.833.

 

– Édgar Osvaldo Salomón Fernández (hermano de Cachito): subadministrador en la Dirección Nacional de Adua­nas. Salario  mensual:  G. 11 millones.

 

-Ángela María Eli­zabeth Salomón de Ibarra (hermana de Cachito): consejera en la Universidad Nacional de Asunción.

 

Aumentazos:

Además de mantener a su familia y amigos, el Estado debió hacerse cargo de los lujosos aumentos que repartió Salomón a los funcionarios del Senado, en plena pandemia. Fue un total de US$1,8 millones los que el presidente del Congreso dilapidó para premiar a funcionarios de la Cámara Alta.

 

Afortunadamente, la semana pasada los parla­mentarios aprobaron el pro­yecto de ley que establece un recorte de G. 8.600 millones de este aumentazo con el fin de redirigirlos al Ministerio de Salud Pública para hacer frente al covid-19.