El presidente del Congreso, Oscar “Cachito” Salomón, ubicó a una decena de parientes y amigos en entes públicos con salarios lujosísimos.
Más de G. 220 millones mensuales le cuesta al Estado paraguayo mantener a los allegados de Cachito Salomón en funciones públicas.
El presidente del Senado, ubicó a una decena de parientes y amigos en cargos públicos. Conozcamos de quiénes se tratan:
-Felipe “Felipito” Salomón Casola (hijo de Cachito): ministro de la Juventud. Salario mensual: G. 25 millones.
Actualmente está haciendo campaña para la intendencia d eSan Lorenzo.
Denunciado por utilizar las obras financiadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para posicionar su perfil electoral.
-Gessy Rebeca Flores (hijastra de Cachito): funcionaria de la Corte Suprema de Justicia y comisionada a la Itaipú Binacional. Salario mensual G. 17.265.848 ( CSJ: G. 4.775.950 // Itaipú: G. 10 millones, además de G. 2.489.898 en concepto de auxilio de alimentación).
Flores formó parte de una lista de funcionarios que iban a ser sancionados por la Corte debido a que estaban haciendo lobby con parlamentarios para conseguir recategorizaciones.
-Juan Manuel Ibarra Salomón (sobrino de Cachito): alto cargo en Yacyretá. Salario mensual: G. 37.136.326.
– Arnaldo Demetrio Fernández Allende (compadre de Cachito): director administrativo de Yacyretá. Salario mensual: G. 84.741.645.
– Daniel López Mendoza (compadre de Cachito): también tiene alto cargo en la hidroeléctrica y es encargado de los asados del presidente del Senado. Salario mensual: G. 56.377.833.
– Édgar Osvaldo Salomón Fernández (hermano de Cachito): subadministrador en la Dirección Nacional de Aduanas. Salario mensual: G. 11 millones.
-Ángela María Elizabeth Salomón de Ibarra (hermana de Cachito): consejera en la Universidad Nacional de Asunción.
Aumentazos:
Además de mantener a su familia y amigos, el Estado debió hacerse cargo de los lujosos aumentos que repartió Salomón a los funcionarios del Senado, en plena pandemia. Fue un total de US$1,8 millones los que el presidente del Congreso dilapidó para premiar a funcionarios de la Cámara Alta.
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Afortunadamente, la semana pasada los parlamentarios aprobaron el proyecto de ley que establece un recorte de G. 8.600 millones de este aumentazo con el fin de redirigirlos al Ministerio de Salud Pública para hacer frente al covid-19.