La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, remitió ayer una nota a la jueza Cynthia Lovera Brítez para informar que el líder del partido opositor permanecerá en la misma dependencia donde se encuentra desde la semana pasada.
En virtud a la declaración de emergencia sanitaria dispuesta ante la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Justicia dispuso medidas preventivas previamente a la recepción de nuevas personas imputadas con orden de prisión preventiva, estableciéndose la realización de una cuarentena antes de la derivación a algunos de los centros penitenciarios, así como el resultado negativo del test para dichos nuevos ingresos.
“Tras conversaciones mantenidas con el comandante de la Policía Nacional y en cumplimiento a lo establecido en el A.I. de referencia o el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la orden judicial, fue acordado entre ambas instituciones que el imputado en la mencionada causa guarde reclusión en la Agrupación Especializada mientras dure la medida de prisión preventiva, considerando que dicha dependencia policial ya procedió a la asignación de un espacio para el mismo”, refiere el pronunciamiento firmado por la ministra Pérez.
Acotó que la resolución judicial establece que puede estar en la penitenciaria nacional de Tacumbú o cualquiera otra institución cumpliendo la medida. La Administración penitenciaria debe informar al Juzgado el lugar de reclusión.
“Tras conversar con el comandante consideramos que era prudente que se quede ahí, ya que se le había asignado un lugar en la Agrupación Especializada y como medida de seguridad básicamente”, significó la ministra.
MOVILIZACIÓN. Tras la orden impuesta por la jueza Lovera contra Efraín Alegre por incumplimiento de las medidas a la prisión, el referente liberal se presentó ante la Agrupación Especializada y denunció que es una maniobra impulsada por Horacio Cartes.
El proceso judicial que enfrenta Efraín guarda relación con la investigación de supuesta falsificación de facturas utilizadas por el PLRA.
Entre las medidas resueltas contra el presidente de este partido de la oposición está la prohibición de cambiar de domicilio, de salir del país, la comparecencia mensual ante el Juzgado y una fianza de G. 150 millones.
Los liberales y un sector de la oposición están en pie de guerra tras la detención de Alegre y plantean el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pero los cartistas se oponen.