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La Itaipú Binacional decidió oponerse de forma oficial a ser investigada por la Contraloría General de la República (CGR) después de haber solicitado una prórroga para responder al pedido de documentos realizado por el ente en el marco de la auditoría financiera de los gastos sociales que intenta llevar adelante a las binacionales a pedido del Senado. Yacyretá, por otro lado, intenta esquivar la investigación con la entrega de parte de los documentos demandados.

“Como consecuencia de la negativa de ambas instituciones o por lo menos oficialmente de una y tácitamente de la otra, vamos a aplicar el artículo 20 de nuestra ley orgánica y solicitar al órgano jurisdiccional una medida cautelar de urgencia para que le obliguen a los directores que nos pasen esta información”, aseguró el contralor Camilo Benítez a su salida de su reunión con la mesa directiva del Senado.

El titular de la CGR informó a los legisladores de la posición de ambas hidroeléctricas. Manifestó que Itaipú se sigue escudando en su tratado internacional y que sostienen que la auditoría podría violarla. No obstante, Benítez recalcó que la competencia de la Contraloría es constitucional y que la Carta Magna está por encima del acuerdo internacional. Aclaró que la investigación se circunscribe solo a los gastos sociales del lado paraguayo.

“Nosotros tenemos esperanza de que el juez de primera instancia que reciba nuestra petición ya ordene al director de Itaipú que nos entregue la documentación”, subrayó el contralor. Benítez explicó que el pedido de informe hace referencia a los gastos socioambientales de la margen derecha de las hidroeléctricas, que es patrimonio de todos los paraguayos y que, por lo tanto, puede ser objeto de una fiscalización.

En este sentido, dijo que la Contraloría no está pidiendo documentación que pertenezca a la soberanía de otro país. Por su parte, en una jugada para sortear la auditoría, el equipo jurídico de Yacyretá, encabezado por Juan Carlos Duarte, remitió documentación sobre los gastos sociales de la entidad vía correo electrónico; la CGR ahora analiza si corresponde al requerimiento planteado en la misión que dispuso el Senado.

De acuerdo con la nota firmada por el titular de Yacyretá, los documentos acercados a la Contraloría pertenecen al 2019. “En ningún momento dijimos que no íbamos a entregar, sino que primero debíamos consultar con el lado argentino. La respuesta de los argentinos enviamos al contralor y le dijimos que nosotros estábamos abiertos a trabajar en la transparencia”, manifestó el abogado Duarte.

Consultado sobre si la entrega de esta documentación no afecta al tratado, el asesor jurídico señaló que existe el impedimento del patrimonio documental del que habla el tratado, pero alegó que sí pueden facilitar todo lo referente a los gastos socioambientales destinados a los municipios y gobernaciones. “Todo lo que tenga que ver con la ayuda social, eso estamos en posición de entregar dentro de los límites del tratado sin ningún problema”, reveló.

Por su parte, el director financiero, Arnaldo Fernández, comentó que los gastos sociales incluyen las becas, los convenios con Salud Pública y los bonos sociales. “Yo no tengo ningún caso de compra de pelotas para seccionales y tampoco viaje de mises, sí pudo haber algún apoyo a evento cultural, como una fiesta patronal”, refirió.

Finalmente, Duarte recalcó que toda la información que entregaron a la Contraloría también está en la web de la binacional. “Toda esta información ya la tenemos alojada y desarrollada en la página web, es importante que se vayan ahí y vean el detalle”, comentó. Cabe aclarar que los datos publicados en la página de la EBY son parciales y no representan la totalidad de lo gastado en la era de Duarte Frutos.

JUEZA DEFINIRÁ SI NICANOR COMETIÓ DESACATO

Este martes, a las 10.00, en la sede del Palacio de Justicia, se llevará a cabo la audiencia de sustanciación de cumplimiento entre el Grupo Nación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por la demanda de desacato presentada por el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini, ante el incumplimiento de la hidroeléctrica a la hora de proveer todos los datos de sus gastos en ayuda social.

La jueza Alice González, quien salió a favor del comunicador en primera instancia y ordenó a la EBY que entregue los datos en un plazo de 5 días hábiles, convocó a ambas partes para definir si efectivamente la binacional incumplió el mandato de la magistrada. Cabe resaltar que en los listados remitidos al correo del periodista no está toda la información solicitada.

Por ejemplo, sobre las transferencias económicas hechas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante el 2019 y el 2020 no están los nombres de los responsables que recepcionaron el pago, siendo en muchos casos omitida esta información y puesta en su lugar solamente el nombre de la institución beneficiada. Tampoco está la rendición de cuentas de cada gasto (facturas, boletas, etc). Cabe resaltar que la EBY aún no ha remitido la totalidad de los datos sobre transferencias económicas realizadas, ya que es mucho mayor lo gastado que lo enviado al comunicador.