El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por el Proyecto de Ley que deroga la vigencia del convenio entre Paraguay y la Unión Europea para el apoyo al polémico plan de «Transformación Educativa».
Desde la Cancillería indicaron que el Convenio constituye un tratado internacional vigente, que fue firmado, aprobado y debidamente ratificado conforme a lo dispuesto a los mandatos constitucionales correspondientes.
“La Carta Magna otorga al Poder Legislativo, en particular, a la Cámara de Senadores, la atribución de iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de los tratados internacionales sometidos a su estudio por el Poder Ejecutivo. Este procedimiento ya fue debidamente cumplido en el año 2020, oportunidad en que ambas Cámaras aprobaron el texto del Convenio, con dictamen favorable de siete comisiones”, dice el comunicado.
El comunicado dice además, que la suspensión o terminación de un tratado solo puede darse conforme a las disposiciones del propio tratado o por consentimiento de las partes en el mismo, a través del Poder Ejecutivo, en observancia de las disposiciones constitucionales y del derecho internacional vigente.
“Toda decisión sobre el Convenio de referencia debe respetar el ordenamiento jurídico nacional y el sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control entre los Poderes del Estado consagrado en el Artículo 3 de la Constitución Nacional”, agregan.
Ante lo expuesto, la Cancillería considera que el Estado paraguayo está obligado a cumplir los términos del Convenio sobre la base de la buena fe (principio pacta sunt servanda). Esto genera responsabilidades recíprocas.
Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que el Convenio fue suscrito únicamente en idioma español y constituye el único documento válido al que se comprometieron las partes.