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El juez de Garantías Mirko Valinotti decretó ayer el arresto domiciliario del ex asesor jurídico del Indert Aldo León, imputado por presunto cohecho pasivo agravado.

Sin embargo, el mismo no podrá cumplir con el arresto en su casa, debido a que tiene prisión preventiva dictada por el juez Miguel Ángel Palacios, en la otra causa abierta por el Indert, donde interviene el fiscal Luis Said.

La audiencia por esta causa se realizó ayer, ante el magistrado. Estuvo el fiscal Rodrigo Estigarribia, a más de las abogadas defensoras Sara Parquet y Paola Gauto.

El imputado Aldo León se encontraba en el retén del Palacio de Justicia. Hasta ahí acudieron el juez, con el fiscal y la defensora, porque el mismo habría tenido contacto con una persona con Covid-19 positivo.

El fiscal Estigarribia requirió la prisión preventiva del encausado debido a que había peligro de obstrucción de las pesquisas, porque podía influir en los testigos.

La defensa requirió una medida menos gravosa, en este caso, el arresto domiciliario, porque el caso es un delito y no un crimen.

Luego de analizar los pedidos, el magistrado decretó el arresto domiciliario del encausado. La medida no se cumplirá aún por la prisión en la otra causa.

IMPUTACIÓN. Según la imputación fiscal, a inicios de setiembre, la abogada Patricia Cabrera Rojas se habría reunido en la sede del Indert supuestamente con funcionarios que le pidieron ceder 3 de los 4 lotes objetos de un proceso de adjudicación y titulación, para conseguir la titulación del inmueble restante a favor de sus representados.

Con ello, la víctima denunció el hecho ante la Fiscalía. Así, con autorización judicial, intervinieron los teléfonos de los involucrados. Fue así que, el 24 de setiembre, Cabrera habló con Aldo León, asesor jurídico del Indert, quien la citó a una reunión al día siguiente.

Así, ese día, a las 10:30 horas, la denunciante fue recibida por León, quien le habría pedido USD 200.000 para la adjudicación de 3 de los 4 lotes. También le pidió la cesión. Según el fiscal, León habló de la suma como “fotocopias” y dijo que actuó por instrucciones del presidente de la institución.

En otras reuniones, según la imputación, el precio bajó a USD 150.000, y se acordó un adelanto de USD 30.000 para sacar los dictámenes de admisión, que iban a estar el 14 de octubre. No se concretó por la intervención fiscal.