En sesión extraordinaria, la Junta Departamental definió ayer la intervención de la Gobernación de Central con el fin de separar del cargo al gobernador, Hugo Javier González. Con 12 votos a favor de la aprobación, con 6 votos por el rechazo y 2 abstenciones fue aprobado el pedido de intervención.
La solicitud de intervención será presentada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de seis días hábiles, que deberá constituir una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
El Ministerio Público imputó por presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, además de otras 14 personas, entre funcionarios y del sector privado.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos comisionó al fiscal Rodrigo Estigarribia para iniciar el proceso. Una de las figuras invocadas para la acusación es la de clonación de facturas con fondos destinados para la emergencia del covid-19.
Otros de los imputados son Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación; Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); Paulino de los Santos Palacios Recalde, tesorero de la misma organización, y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP.
Por otra parte, el juez José Delmás fue apartado del caso de Hugo Javier González, gobernador de Central. El expediente pasa al juzgado de Humberto Otazú, quien deberá impugnar el apartamiento de su colega o aceptar la causa. Delmás aclaró que no se trata de una inhibición, sino que es una separación porque el abogado Andrés Casati tiene la primera intervención en la causa del gobernador.