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En sesión extraordina­ria, la Junta Departa­mental definió ayer la intervención de la Goberna­ción de Central con el fin de separar del cargo al gober­nador, Hugo Javier Gonzá­lez. Con 12 votos a favor de la aprobación, con 6 votos por el rechazo y 2 abstenciones fue aprobado el pedido de inter­vención.

La solicitud de intervención será presentada al Poder Eje­cutivo a través del Ministerio del Interior. Los anteceden­tes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados den­tro del plazo de seis días hábi­les, que deberá constituir una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expe­dirse dentro del plazo de quince días hábiles.

El Ministerio Público imputó por presunta lesión de con­fianza, declaración falsa, pro­ducción de documentos no auténticos y asociación crimi­nal al gobernador del depar­tamento Central, Hugo Javier González, además de otras 14 personas, entre funcionarios y del sector privado.

La Unidad Especializada de Delitos Económicos comi­sionó al fiscal Rodrigo Estiga­rribia para iniciar el proceso. Una de las figuras invocadas para la acusación es la de clo­nación de facturas con fondos destinados para la emergencia del covid-19.

Otros de los imputados son Marcelo Rojas Giménez, direc­tor general de Administración y Finanzas de la gobernación; Tadeo Andrés Álvarez Cris­taldo, presidente de la Funda­ción Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); Paulino de los Santos Palacios Recalde, tesorero de la misma orga­nización, y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, sín­dico actual de CIAP.

Por otra parte, el juez José Del­más fue apartado del caso de Hugo Javier González, gober­nador de Central. El expe­diente pasa al juzgado de Hum­berto Otazú, quien deberá impugnar el apartamiento de su colega o aceptar la causa. Delmás aclaró que no se trata de una inhibición, sino que es una separación porque el abo­gado Andrés Casati tiene la pri­mera intervención en la causa del gobernador.