El presidente de la República promulgó en la mañana de ayer la ley de emergencia que establece el salvataje económico y fortalece el sistema de salud para la atención de los casos de coronavirus.
La normativa contempla un endeudamiento de hasta USD 1.600 millones.
El jefe de Estado agradeció la rápida aprobación por parte del Congreso y prometió el uso transparente y efectivo de los recursos.
“Nuestro agradecimiento al Congreso Nacional. Valoramos el compromiso de toda la clase política en este momento difícil que estamos viviendo todos los paraguayos. Ya estamos trabajando con el equipo para garantizar que cada guaraní sea usado de forma efectiva y transparente”, publicó el presidente en su cuenta de Twitter.
Uno de los puntos de mayor impacto dentro de la ley es la autorización de una inversión de USD 500 millones para el fortalecimiento del sistema de salud pública, lo que permitirá garantizar los insumos y duplicar las camas de terapia intensiva.
Este punto fue destacado por el luguista Jorge Querey quien consideró que lo más relevante de la normativa es justamente haber garantizado los USD 500 millones para el Ministerio de Salud.
Lo que sí considera insuficiente el parlamentario es lo resuelto en materia socioeconómica, alegando que los problemas se van a ir acrecentando con el correr de los días.
La normativa ya está en vigencia pese a que varios referentes de la oposición hicieron un intento de frenar el alto endeudamiento, ya que con la ley se estipula la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de USD 1.600 millones, para el financiamiento de las medidas.
La herramienta estipula una nueva modalidad de pago de los servicios básicos por los meses de marzo, abril y mayo. Esto afecta a las facturas de la ANDE, Essap y Copaco.
En el caso de la ANDE, los usuarios con un consumo mensual de 0 a 500 kV serán exonerados en un 100%. (G. 250.000). Los usuarios con un consumo superior a los 500 kV mensuales podrán ser diferidos temporalmente y pagados en 18 cuotas sin interés. Por su parte, la Essap, aguateras privadas, juntas de saneamiento y comisiones de saneamiento podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% para las mipymes y sectores vulnerables.
La ley de emergencia también plantea una asistencia monetaria para los trabajadores informales y aquellos del sector vulnerable, exceptuando a los contribuyentes de la previsional y beneficiarios de otros programas sociales.
Dispone el desembolso de un subsidio de 25% del salario mínimo legal vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto y será abonado desde un fondo social a través de entidades de pago.
En paralelo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) decidió reemplazar los tradicionales víveres por un desembolso que en principio se fijó en G. 230.000 pero que se aumentará a las personas en situación de vulnerabilidad.
También establece que nadie podrá ser desalojado por el incumplimiento del pago de alquileres, siempre que desembolse el 40% del monto del contrato.
Críticas. Pese a que la ley se aprobó en tiempo récord en ambas cámaras del Congreso, hubo fuertes críticas por el alto endeudamiento que acarreará la medida. Algunos legisladores plantearon otras alternativas para generar recursos pero al final no corrieron.
Entre los planteamientos estaban el recorte de gastos superfluos, suprimir gastos reservados y hasta el uso de las reservas internacionales y los gastos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá.