Legisladores de la Cámara Alta solicitarán a la Comisión Permanente que llame a plenaria el próximo jueves.
Miembros de varias bancadas en el Senado manifestaron su desacuerdo con la actuación de la Cámara de Diputados, que con los cambios en la ley de financiamiento político dejó prácticamente estéril la normativa con nula participación de los órganos de control y además sin que pueda aplicarse la trazabilidad al dinero que recibe cada candidato en las internas partidarias.
Ante esto, y debido a la urgencia del caso porque los plazos fenecen, el senador Stephan Rasmussen señaló que solicitará a la Comisión Permanente que convoque para la próxima semana una sesión extraordinaria del Senado, de modo a arreglar el documento antes de la convocatoria a elecciones que se prevé para el 6 de marzo.
El senador patriaqueridista, miembro de la Comisión Permanente, pedirá que se realice la sesión a fin de modificar el documento aprobado en Diputados para que vuelva a su versión original, que es como la proyectó la diputada Rocío Vallejo. Este documento prevé que sean los candidatos y no solo los movimientos los que presenten su rendición de cuentas. “Aquí lo que se busca es que la trazabilidad del dinero dé posibilidad de conocer el origen del financiamiento de campañas”, dijo Rasmussen.
Rasmussen reconoció que hará falta de voluntad política, dado que juegan contrarreloj, a causa de que Diputados cercenó el proyecto y tras los cambios que se hagan en Senado, el documento deberá volver a Diputados, donde los colorados tienen mayoría y pueden ratificarse o congelar el tratamiento.
“Debemos pedir que el próximo jueves ya seamos convocados, de modo a que esto salga antes del 6 de marzo, que es la fecha fijada para la convocatoria a elecciones municipales. Necesitamos que sea promulgada antes de esa fecha para que se pueda aplicar en las municipales”, mencionó.
Recalcó que la modificación debe ser sencilla pero debe contar con la voluntad de la mayoría. “Vamos a plantear modificaciones de tal modo que quede como la versión original de la proyectista. El objeto es que la trazabilidad llegue a cada candidato, con el involucramiento de la Seprelad”, añadió.
Minimizó la posición de los contrarios a la ley y calificó de excusas las referidas por algunos diputados que dijeron que no existe manera que el Estado pueda colaborar a que la ley se cumpla.
“Son excusas, porque además oímos de boca del viceministro que no habría problema de proveer de RUC a los candidatos. No nos vamos a perder en los tecnicismos, aquí se trata de conocer la fuente del dinero”, subrayó.