Pese a que ya transcurrieron dos meses del 2022, la tarifa de Itaipú que regirá este año sigue sin definirse. Este miércoles debe reunirse el directorio en busca de un acuerdo. Paraguay pide mantener los USD 22,60 Kw/mes y Brasil exige la reducción al USD 18,95 Kw/mes.

Con el ex gerente financiero Anatalício Risden como nuevo director brasileño de Itaipú, férreo defensor de ‘bajar la tarifa ya’, Paraguay tendrá que encontrar la manera de argumentar su postura a favor de mantener los USD 22,60 Kw/mes.

Brasil se respalda en la aplicación del Anexo C, que establece la disminución de la tarifa a través de la amortización de la deuda -que este año descenderá unos 600 millones de dólares- además de la revisión del tratado en el 2023.

Sin embargo, bajo el componente de “gastos de explotación”, nuestro país pretende utilizar ese excedente para invertir en infraestructura eléctrica, de tal suerte a disponer del total de energía que le corresponde, ya que actualmente no puede retirar el 50 % que le toca, precisamente por esta falencia.

De ese 50 %, Paraguay se lleva aproximadamente el 20 %, mientras que el porcentaje restante lo absorbe Brasil, pero no mediante la compra de esa energía, sino a través de un pago en concepto de cesión de energía.

La reunión del directorio de este miércoles 23 de febrero pretende definir de una vez por todas la tarifa que regirá este año, ya que los intentos anteriores del 2021 resultaron inútiles.

El 24 de noviembre, una delegación paraguaya encabezada por el presidente Mario Abdo, el director paraguayo Manuel María Cáceres y el canciller Euclides Acevedo, se reunió en Brasilia con Jair Bolsonaro y toda una comitiva que superaba la media docena, pese a que el encuentro debía ser con sus respectivos pares.

Posteriormente, el 13 de diciembre, Bolsonaro dejó plantado a Mario Abdo Benítez, por lo que, tampoco conversaron sobre la tarifa, al punto que no se llegó a un acuerdo pese a que ya inició el año.

La Dirección de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del Brasil (Anel), confirmó la aplicación de una tarifa provisoria, con la reducción sustentada por la caída del componente “deuda”, sin considerar los gastos de explotación como pretende Paraguay, con el objeto de mantener la tarifa