El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer la ley que establece la auditoría de las cuentas de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá.
Esta nueva Ley Nº 6763 establece la vigilancia y la fiscalización de todos los bienes, patrimonio y las cuentas de ambas hidroeléctricas.
La norma nace por iniciativa de un sector del Congreso que empezó a impulsar una serie de acciones para transparentar y controlar los recursos millonarios que manejan las binacionales.
La Contraloría General de la República será la encargada de controlar y debe dictar una resolución en la cual deberá establecer protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de la Ley.
La misma prevé dos auditorías. Una debe ser financiera y otra de obras. Deben realizarse en forma anual.
Los informes deben ser remitidos inmediatamente a ambas Cámaras del Congreso, cuyos titulares deben enviar en un plazo máximo de 40 horas de recepcionado el informe del ente contralor a las comisiones que posean función técnica y de control para el análisis correspondiente.
intervención judicial. La nueva Ley establece que se autoriza a la Contraloría General de la República, una vez que venza el plazo para que las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá remitan la documentación requerida para la realización de la auditoría dispuesta, a solicitar la intervención judicial.
Inclusive, tiene la potestad de tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos y otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos detallados en la resolución.
Durante la crisis sanitaria por la pandemia se generó una pulseada sobre los millonarios fondos socioambientales que se manejan a discrecionalidad en ambas binacionales. De acuerdo con la estimación, el Gobierno de turno dispone de alrededor de USD 100 millones para invertir en recursos para obras sociales.
Ante la presión se consiguió que el saldo de este 2021 se utilice para el sector de salud, ante la serie de carencias en los hospitales.
manos a la obra. La iniciativa parlamentaria fue impulsada por los diputados de la oposición Kattya González, del Encuentro Nacional, y Édgar Acosta, del PLRA. Hubo algunas modificaciones que se realizaron a instancias de la Cámara Baja pero finalmente tuvo el apoyo de la mayoría para la sanción, incluyendo a los colorados, que siempre establecieron una barrera para evitar un mayor control.
Tras la decisión del presidente de la República, la diputada González destacó el logro porque representa un paso importante para la transparencia y el control cruzado que puede hacer el Congreso.
“Es ley! Es ley! Pendientes del anuncio oficial y manos a la obra, a auditar esas cuentas”, destacó la diputada Kattya en sus redes sociales.
obstáculos. Tras plantearse el proyecto, Yacyretá se abrió a la Contraloría, no así las autoridades de la Itaipú, que presentaron una acción ante la Corte. La presentación se hizo en mayo pasado cuando los abogados Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar, y Óscar Adolfo Bogado plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la auditoría que pretende hacer la Contraloría General de la República.
El objetivo es que el Poder Judicial se expida respecto a si es o no constitucional que el organismo audite los fondos sociales.
Argumentaron que la Contraloría no tiene jurisdicción sobre las binacionales porque la Constitución solamente habla de entidades multinacionales y no de binacionales.
En medio de esta acción y ante la presión política y de la opinión pública, el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, presentó una serie de informes sobre los gastos sociales desde la era Lugo.