Luego que la Contraloría General de la República (CGR) accionara para que la Itaipú Binacional abra sus puertas a la auditoría que debe realizar el ente contralor, el juez que recibió el caso, Édgar Rivas, decidió tirar el fardo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que está en duda la constitucionalidad del pedido de la CGR.
“El requerimiento se ampara en la Ley N°276/94, orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, específicamente sobre la regla del Art. 20, que concede la facultad a dicha institución de solicitar al juez de Primera Instancia allanamientos de domicilios, locales, depósitos u otros recintos con auxilio de la Fuerza pública en un plazo de 24 hs., si correspondiere”, se lee en el documento judicial.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ya remitió a la CGR las documentaciones de los gastos sociales de los años 2019 y 2020 en el marco del cumplimiento de la auditoría a las binacionales. Sin embargo, el titular del ente contralor, Camilo Benítez, recurrió a la Justicia para exigir a la Itaipú, mediante una medida cautelar, la misma apertura para transparentar el rubro.
Benítez refirió que desde el inicio de las auditorías “se tuvo una negativa total de Itaipú, y en consecuencia hemos pedido una medida de urgencia al Poder Judicial a los efectos de que nos den una orden para la auditoría, bajo apercibimiento de que se van a allanar las oficinas y utilizar la fuerza pública de ser necesario”.
Caso. La Contraloría solicita en la acción que se garanticen las facultades que le otorga la Constitución, específicamente en lo concerniente a la fiscalización de los fondos sociales de Itaipú, lado paraguayo, “atendiendo a la expresa negativa” manifestada oficialmente por dicha entidad de permitir el acceso a documentos relacionados con el objeto señalado en las líneas precedentes.
“Se solicita se intime a la Itaipú Binacional para que cumpla en proveer con el requerimiento de la Contraloría General de la República, en un plazo de 48 horas, o dentro del plazo que el Juzgado determine, los informes oficiales solicitados en el marco de la auditoría a los fondos sociales”, afirmó el ente contralor en su solicitud.
La Contraloría también recuerda que la Cámara de Senadores, por unanimidad, mediante Resolución Nº 1929 del 29 de abril pasado, le encomendó la realización de auditorías financieras y de gestión del uso de los fondos sociales de Itaipú, pero la entidad se niega al control, por lo cual consideró “que no queda otro remedio procesal válido sino recurrir a las instancias jurisdiccionales”.
El Código Procesal Civil autoriza a evacuar por la consulta constitucional, con el objeto de que la Corte se expida.
Édgar Rivas,
juez.