El Poder Ejecutivo presentó un proyecto que plantea sanciones penales a los que se vacunen irregularmente contra el Covid-19.
El jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Hernán Hutteman, anunció que el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de reforma de la ley de Emergencia Sanitaria, para que aquellos funcionarios que se inmunicen de manera irregular o que trafique vacunas, reciba sanciones penales con pena privativa de libertad.
“Esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable, ordenado con respecto a las medidas sanitarias. Por eso, tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud; y por otra parte, se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público”, dijo Huttemann.
Art. 23: “… todo funcionario que, valiéndose de su cargo o posición, lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el Covid-19, será pasible de una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años”.
Además, por el tráfico de vacunas, las penas van de 2 a 6 años de cárcel.
El jefe de Gabinete dijo que esta será una “ley temporal” durante el tiempo de pandemia; y que luego “la ley queda sin efecto”
“Lo que se busca es evitar el colapso sanitario, y dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de responder con un sistema sanitario preparado en caso de catástrofe”, aclaró Hutteman,
POTESTAD AL PODER EJECUTIVO.
Otra de las reformas propuestas, son las atribuciones que tendrá – si la misma se promulga – el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia. Entre ellas, están:
-limitar circulación
-uso obligatorio de mascarilla
-uso de sistemas adecuados de ventilación
-distanciamiento social
-limitar reuniones y eventos sociales,culturales, artísticos, deportivos y religiosos
-poner en aislamiento obligatorios a personas contagiadas de Covid-19
También establece que el Jefe de Estado puede declarar “imperativo” el uso de sistemas adecuados de ventilación y mascarillas higiénicas en el transporte público y privado, y limitar la cantidad de personas que puedan permanecer en estas unidades.
Además, prevé la creación de una junta de emergencia sanitaria, como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones, presidido por el mismo jefe de Estado o por la persona que él designe; en la que participarán los distintos ministros del Ejecutivo.
Al Congreso
La propuesta será analizada por ambas cámaras del Congreso, para luego ser promulgada y puesta en vigencia.
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