Justo Ferreira y su hija Patricia, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud, presentaron una nueva chicana y lograron suspender una vez más la audiencia preliminar en la que se tenía que decidir si los procesados enfrentarán juicio oral y público.
Ferreira, bajo patrocinio del abogado Carlos Montanaro, presentó una apelación general contra la fijación de la fecha de la audiencia preliminar que debía llevarse a cabo este 18 de mayo. Ante este nuevo incidente, será un Tribunal de Apelación el que tendrá que, una vez más, destrabar el presente proceso penal.
En la causa también están acusados Carlos A. Gamarra, aduanero, y los funcionarios Guillermo Molinas y Gustavo A. Acosta, procesados por presunta complicidad en el hecho investigado. Asimismo, se solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas que no contaban con la autorización técnica de la Dinavisa. El JEM enjuició al fiscal anticorrupción Osmar Legal.