El proyecto de ley de racionalización del gasto público propuesto por el senador Sergio Godoy aún no fue tratado.
El documento no tenía dictamen luego de que haya sido devuelto con cambios por parte de Diputados, por lo que su tratamiento fue postergado.

Los senadores prefirieron prestar atención y dedicar su tiempo en informes de gestión en comisiones, en proyectos no vinculantes y en discursos reiterativos, antes que en finiquitar una medida que buscaba eliminar gastos superfluos que, desde luego, es resistido por varios ya que disminuye algunos privilegios como combustible, viajes y otros.

A raíz de que el punto 5 del orden del día no tenía dictamen, el senador Sergio Godoy pidió que se constituyan en comisión, pero necesitaban 23 votos número al cual no llegaron.

Llamó la atención que no levantaran la mano para el tratamiento varios senadores que dijeron que iban a estar a favor de ratificarse en la versión original como algunos integrantes del llanismo. Hubo además ausencias en el ala colorada.

El origen del documento tiene cabida dentro del contexto del Covid-19 y la crisis sanitaria y económica resultante. El documento incluye la posibilidad de disponer recortes salariales en las binacionales Itaipú y Yacyretá, como lo establece el proyecto que prohíbe las compras superfluas, limita la contratación de parientes y asesores y fija topes salariales. Se parte de la base que nadie debe ganar más que el presidente.

El único senador que se quejó de la postergación fue Carlos Filizzola, quien culpó del hecho al presidente Mario Abdo, quien no muestra voluntad para que la ley se concrete, aseguró.

Diferencias. Los puntos de desencuentro entre Senado y Diputados tienen que ver con que el proyecto que partió de Senadores, establece topear el ingreso de los funcionarios de las binacionales de Yacyretá e Itaipú, donde los funcionarios por lo común incluso superan a lo que percibe quien encabeza el Gobierno.

La cirugía profunda hecha por Diputados con anterioridad se notó en el hecho de que si bien se respetarán los topes salariales en la función pública, es decir que nadie gane más que G.37 millones, se excluyó a los funcionarios de las binacionales y del servicio exterior.