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La Cámara Alta aprobó ayer el proyecto de ley que cancela y anula las facturas correspon­dientes al consumo de ener­gía eléctrica y del agua potable durante 3 meses que fueron emitidas por la Ande y la Essap desde el inicio de la pandemia.

El proyectista fue el senador Salyn Buzarquis, quien parti­cipó de la sesión virtual enca­denado a las rejas de la sede de la Ande. El legislador soli­citó que se vuelvan a fiscalizar los medidores y lamentó que la Ande haya cobrado por un servicio que no realizó a algu­nos propietarios de locales que estuvieron cerrados durante la cuarentena total.

El plenario acompañó la pro­puesta con modificaciones por parte de la bancada de Patria Querida con sugerencias del senador Amado Florentín, quedando establecida de la siguiente forma: “La Ande y Essap deberán cancelar las facturas de los meses marzo, abril y mayo que no fueron emitidas con base en lectura de los medidores en un plazo de 30 días a partir de la pro­mulgación de la presente ley, emitiendo una sola factura por los tres meses citados, lo cual deberá ser fraccionado en 18 meses que se sumarán a las facturas del consumo a par­tir del mes siguiente a la pro­mulgación de la ley”, expresa el artículo 1 de la ley aprobada.

En cuanto a los pagos de fac­turas ya realizados con ante­rioridad a esta ley, serán des­contados automáticamente de las facturas emitidas pos­teriormente, según establece el proyecto en el artículo 3º, por propuesta de la senadora Esperanza Martínez. La anu­lación en cuestión beneficiaría a 1.800.000 facturas.

EXONERACIÓN

Asimismo, los legisladores aprobaron e incluyeron en la normativa la modificación del artículo 17 de la Ley 6.524/20 de emergencia por covid-19, en la que establece la exoneración de las facturas hasta un con­sumo de 1.000 KW. Mientras que aquellos que superen dicho consumo podrán abonar la diferencia del monto restante al consumo de los 1.000 KW.

“Los usuarios de energía eléc­trica con un consumo men­sual de 0 a 1.000 KWh men­sual serán exonerados en un 100% (cien por ciento). Los usuarios de energía eléctrica con un consumo superior a 1.000 KWh mensual podrán ser diferidos temporalmente. Este plazo podrá ser prorro­gado de acuerdo a las condi­ciones económicas y a la posi­bilidad de financiamiento”, es la modificación del artículo 17 de la Ley de Emergencia.

“Esto ha sido una estafa”
SERGIO GODOY - Senador ANR
SERGIO GODOY – Senador ANR

“¿Cómo los restaurantes, guarderías, copetines y demás, que estuvie­ron cerrado durante la pandemia, van a bancarse? Esto ha sido una estafa, que reconocieron que no se leyeron los medidores, cuando se le consultó a la Ande. Dijeron que la mayoría de la gente que lee los medidores son personas mayores de edad, y son vulnerables al covid-19, podrían haber reemplazado con otros funcionarios. Lo que hicieron fue promediar en base al verano y los meses de pandemia”, cuestionó Sergio Godoy.

“Esto ha sido una estafa y nosotros no podemos permitir un día más esta situación. Lo que se les dice es que ustedes han estimado una suma no apropiada. No han respetado los canales pertinentes que es la lectura del medidor. No podemos tolerar esta estafa y esto se cancela apenas esto quede sancionado y ojalá que se promulgue”, concluyó.

“Ande es un verdadero caos”
FIDEL ZAVALA - Senador PPQ
FIDEL ZAVALA – Senador PPQ

“Históricamente la Ande ha recibido recursos de Itaipú y se contem­plaba lo que es transmisión y distribución; nunca se ha hecho. Es más, el año pasado aprobamos créditos en el orden de US$ 600 millones para poner a punto todo esto. De ser una institución que en su época daba servicios acordes, hoy es un verdadero caos”, sostuvo Fidel Zavala.

“Debemos discutir si vale la pena romper con este monopolio, sobre todo en la parte de distribución y comenzar a mirar modelos exitosos, en otros países, a nivel regional y por qué no acá mismo; tenemos el caso de las Colonias Menonitas, que no tiene problemas de corte”.

“Ande ya no va más, esta inoperancia e incapacidad ya no tienen por qué estar pagando los usuarios, sobre todo en un momento de crisis. De manera que el error administrativo lo tienen que solucionar ellos”, sentenció.