El Ministerio de Salud confirmó que los tapabocas donados por Patricia Samudio fueron entregados a médicos y enfermeros.
Julio Rolón, viceministro de Salud, confirmó ayer que la Contraloría General de la República informó a la institución que las 2.000 unidades de tapabocas y mamelucos que recibió en marzo de este año como donación de Petróleos Paraguayos (Petropar) en realidad ya vencieron en diciembre del año pasado. Patricia Samudio era su presidenta en ese momento, quien ahora está imputada, pero por otro hecho de compra de agua tónica sobrefacturada.
La autoridad indicó que recibieron en buena fe y que nunca se imaginaron de que las mismas iban a atentar contra la salud de los médicos y enfermeros. “Es una situación bastante incómoda. Nadie espera que haya nada irregular detrás. Se llegó a distribuir pero cuando nos percatamos que estaban vencidos suspendimos. En una hora más vamos a tener los informes de los lugares donde se llegó a distribuir”, dijo, en entrevista con la radio 650 AM.
Rolón remarcó que por más que sean donaciones, el personal de blanco no puede utilizar los insumos médicos ya vencidos. “Nosotros tenemos una obligación moral porque es proteger la vida de los profesionales. Luego de la fecha límite no se puede usar más. El Gobierno no puede alegar la falta de recursos para utilizar los insumos médicos vencidos”, agregó.
Así también resaltó que las donaciones de insumos de bioseguridad y medicamentos deben estar registrados en el país y cumplir con todos los rigores. Confirmó que tres recientes donaciones sí cumplieron con todos los requisitos, como así también las que entregó la República de China (Taiwán).
La Fiscalía imputó el 29 del pasado mes a Patricia Samudio por lesión de confianza y a 21 personas más por la compra de agua tónica en el marco de la crisis del covid-19. Estas personas están procesadas por lesión de confianza en calidad de cómplices, conforme la Fiscalía. Se comprobó que cada botella de agua tónica adquirida durante su administración en Petropar tenía un costo de origen de tan solo G. 1.500 y se vendió a la empresa estatal a G. 5.000 por unidad.
El equipo de la Fiscalía pudo percatarse de la existencia de una cadena de empresas que no cuenta con local físico. Esto se comprobó con la ubicación geográfica de cada una, registrada en el servidor de la institución. La fiscala de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, se constituyó previamente en una empresa dedicada a la comercialización de agua mineral, donde accedió a documentaciones que confirman la existencia de sobrefacturación en la compra de agua tónica en el marco de la lucha contra el covid-19.
La empresa Agroindustrial Fortaleza compró las 3.000 unidades de agua tónica a G. 1.500 para luego venderlas a una tercera empresa y a su vez esta última las volvió a vender a la firma Solumedic, que fue la que finalmente proveyó a Petropar a 300% más del costo ofertado, además de que solo recibió 3 mil unidades del mencionado producto habiendo pagado por 5.000.
Petropar adquirió el agua tónica el 1 de abril del 2020 a través de una licitación por vía de la excepción; pagó por el producto 300% más del costo ofertado. Además, compró mascarillas Nº 95 de Solumedic SA. Dicha adquisición fue documentada pero los productos no llegaron a la institución; es decir, no fueron entregados.
Las operaciones que se describieron para justificar los incrementos de los precios y que denotan la cadena de compras no existieron, no obstante, esas empresas recibieron el pago sin que Petropar reciba la provisión de tales mascarillas. La institución habría sufrido un detrimento negativo en su patrimonio por la suma total de G. 134.500.000 (G. 114.000.000 pagados por las mascarillas y G. 20.500.000 por las 3.000 unidades de agua tónica).