Ya estaba escrito en la agenda de Alberto Grillón que uno de los objetivos era buscar la salida del Presidente y del Vicepresidente a través de hechos violentos, similares a los que desviaron los verdaderos reclamos ciudadanos.
El objetivo mencionado en la agenda es primeramente establecer un “gobierno de unidad nacional”, algo ya logrado, a juzgar por la cantidad de opositores que forman parte del actual gobierno, en su mayor parte en los organismos de control y seguridad.
Pero el plan que se lee y que de alguna manera podemos ir comprendiendo a medida que suceden los hechos de los últimos días agrega la salida de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez “por demolición”, algo que podría atribuirse a las protestas continuas que generan desgaste en la ciudadanía y en las fuerzas de seguridad.
La agenda de Grillón contempla otras opciones para la toma del poder. Habla de nuevas denuncias en contra del ex presidente de la República y el juicio político al Presidente y Vicepresidente, lo que llaman también “golpe blando”.
Esto consiste en un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.
En una segunda etapa del “golpe blando” mencionado en la agenda de Grillón se desarrollan intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.
La hoja de ruta para llegar al poder sin necesidad de recurrir a las urnas, como se propone en parte del cuaderno amarillo, contempla la entrega de la Fiscalía General de la República al partido Frente Guasu.
Quizás eso le agregue mucho más sentido al ataque que sufre esa institución en la figura de su titular, la doctora Sandra Quiñónez, por parte de referentes de partidos opositores, entre ellos Efraín Alegre, quien es mencionado en otra página de los escritos de Alberto Grillón.
Las anotaciones y documentos se encontraban en una de las aeronaves confiscadas durante una operación conjunta del Ministerio Público, la Senad y la Policía Nacional en el aeródromo de Areguá, a mediados de octubre del año pasado. En el lugar, según informaciones, estaría operando una organización criminal relacionada al tráfico aéreo de drogas y otros hechos ilícitos. En la agenda figuran informes de fechas de reuniones con personajes vinculados al Grupo de Puebla, un conglomerado de ex presidentes y líderes de la izquierda radical latinoamericana.