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Ya estaba escrito en la agenda de Alberto Grillón que uno de los objetivos era buscar la salida del Presidente y del Vicepre­sidente a través de hechos violentos, similares a los que desviaron los verdaderos reclamos ciudadanos.

El objetivo mencionado en la agenda es primeramente esta­blecer un “gobierno de unidad nacional”, algo ya logrado, a juzgar por la cantidad de opo­sitores que forman parte del actual gobierno, en su mayor parte en los organismos de control y seguridad.

Pero el plan que se lee y que de alguna manera podemos ir comprendiendo a medida que suceden los hechos de los últimos días agrega la salida de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez “por demolición”, algo que podría atribuirse a las protestas continuas que gene­ran desgaste en la ciudadanía y en las fuerzas de seguridad.

La agenda de Grillón con­templa otras opciones para la toma del poder. Habla de nue­vas denuncias en contra del ex presidente de la República y el juicio político al Presidente y Vicepresidente, lo que llaman también “golpe blando”.

Esto consiste en un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido con­secuencia de la acción de otro poder.

En una segunda etapa del “golpe blando” mencionado en la agenda de Grillón se desarrollan intensas campa­ñas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.

La hoja de ruta para llegar al poder sin necesidad de recurrir a las urnas, como se propone en parte del cuaderno amari­llo, contempla la entrega de la Fiscalía General de la Repú­blica al partido Frente Guasu.

Quizás eso le agregue mucho más sentido al ataque que sufre esa institución en la figura de su titular, la doctora Sandra Qui­ñónez, por parte de referentes de partidos opositores, entre ellos Efraín Alegre, quien es mencionado en otra página de los escritos de Alberto Grillón.

Las anotaciones y documentos se encontraban en una de las aeronaves confiscadas durante una operación conjunta del Ministerio Público, la Senad y la Policía Nacional en el aeró­dromo de Areguá, a mediados de octubre del año pasado. En el lugar, según informaciones, estaría operando una organi­zación criminal relacionada al tráfico aéreo de drogas y otros hechos ilícitos. En la agenda figuran informes de fechas de reuniones con personajes vinculados al Grupo de Puebla, un conglomerado de ex presi­dentes y líderes de la izquierda radical latinoamericana.