El Ministerio de Salud ejecutó apenas el 7,5% de sus recursos. El funcionamiento del Estado devoró USD 505 millones.
El reporte indica que, a cuatro meses y medio de la promulgación de la legislación que autoriza un endeudamiento de USD 1.600 millones, la cartera sanitaria ha ejecutado apenas el 7,5% de su presupuesto asignado para el combate al coronavirus.
El informe presentado en la víspera detalla que Salud tiene asignados USD 494 millones. De ese total, tiene comprometidos USD 253 millones, pero ha ejecutado apenas USD 37 millones a la fecha, pese a que los fines centrales de la cuarentena y la implementación de la Ley de Emergencia fueron evitar la propagación del coronavirus y al mismo tiempo fortalecer el sistema sanitario estatal con nueva deuda para garantizar una atención eficiente a los contagiados (ver infografía).
El uso de los fondos de contingencia en este rubro avanzó poco y nada desde la primera rendición de cuentas en la quincena de junio. En aquella ocasión, Salud había utilizado ya USD 4 millones, lo que representaba el 4% de ejecución.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reconoció los retrasos en compras de insumos debido a los procedimientos que fueron frenados, aunque aseguró que actualmente están en proceso licitaciones por USD 130 millones que permitirán reforzar el sistema público y adquirir unas 250.000 nuevas pruebas del Covid-19.
Salarios y subsidios. En cuanto a los otros ejes de la Ley de Emergencia, los gastos de funcionamiento del Estado son los de un mejor desempeño. En este programa, que incluye pago de salarios a los funcionarios públicos, jubilaciones, pensiones y servicio de la deuda, entre otros, se han usado unos USD 505 millones, lo que equivale a una utilización del 94,5% de lo asignado.
El aporte hecho a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes y) las capitalizaciones a entes estatales cuentan con una ejecución del 81,3%; mientras que del dinero destinado para los subsidios de los servicios básicos (ANDE y Essap) se han usado hasta el momento el 24,2%.
Finalmente, el eje de protección social, que contempla las acreditaciones del Pytyvõ, del Ñangareko y de las subvenciones del IPS a trabajadores formales, cerró con una ejecución del 60%. En este eje se han asignado USD 446 millones y se utilizaron ya USD 267 millones.