En pleno domingo y en un día, el Ministerio de Salud Pública autorizó pagos con fondos propios por cerca de G. 5.000 millones a la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), propiedad del clan Ferreira y protagonista de compras irregulares en plena pandemia. Mientras tanto, otros proveedores llevan meses esperando pagos.
Unos G. 4.801 millones fueron depositados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) el pasado 4 de noviembre. Así lo revelan documentos de la cartera de Estado a los que tuvo acceso ABC Color.
Imedic es propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano, todos procesados por diversos hechos en varias causas judiciales actualmente en curso. Además, es una de las dos empresas del clan Ferreira sancionadas por Contrataciones Públicas con tres años de
prohibición para proveer al Estado luego de las compras fraudulentas de equipos de bioseguridad en pandemia.
A pesar de que las empresas del clan Ferreira recibieron las mayores sanciones impuestas hasta hoy a cualquier proveedor, el MSP, encabezado ahora por Julio Borba sigue otogando privilegios al clan. Una práctica repetida por los ministros puestos por el gobierno de Mario
Abdo Benítez.
Los documentos del MSP revelan una rapidez poca veces vista para realizar los millonarios pagos a Imedic. El domingo 31 de octubre ingresaron al ministerio seis solicitudes de transferencia. Todas tenían como destino el pago a la firma Imedic SA.
La primera solicitud aparece con el número 148128/2021 y era por un monto total de G. 1.267 millones. Detrás de esa llegaron las siguientes cinco. Salud Pública aprobó ese mismo día las seis solicitudes de transferencia. Todo en cuestión de unas pocas horas Como si la rapidez no fuera suficiente, queda un hecho todavía más llamativo. El 31 de octubre, día en el que se recibieron y aprobaron las solicitudes de transferencias, era
domingo. Habitualmente, las oficinas administrativas de las instituciones públicas no trabajan sábado, mucho menos un domingo.
Apenas tres días después, el 3 de noviembre, la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), recibió el informe sobre las seis solicitudes de transferencia.
Un día después, el 4 de noviembre, Salud Pública emitió las seis órdenes de transferencia correspondientes a todas las solicitudes. Ese mismo día se listaron todos los pedidos y el mismísimo día se realizaron las transferencias.
En total, el Ministerio de Salud Pública necesitó apenas tres días hábiles para completar todo el circuito que toma meses.
Con fondos propios
Los documentos revelan que para dar todavía más rapidez a los pagos, el MSP utilizó fondos de Fuente 30, recursos institucionales. Esto significa que los pagos no pasan por el Ministerio de Hacienda, sino directamente dependen del MSP.
Sin embargo, según revelaron fuentes de la cartera de Estado, para pagar a otros proveedores de insumos médicos, la misma cartera utiliza fondos de Fuente 10, recursos del tesoro público, con lo que necesariamente el proceso pasa por Hacienda y ello conlleva meses de
espera sumados a los ya largos atrasos de la deuda pública con las farmacéuticas.
Trato preferencial
Imedic SA y Eurotec SA, las dos empresas más grandes del clan Ferreira, recibieron las mayores sanciones alguna vez impuestas sobre proveedoras del Estado.
Ya el año pasado se había dado una liberación de fondos similar que también benefició al clan Ferreira. Apenas siete días después de que DNCP comunicara la suspensión por tres años para Imedic y Eurotec SA, el MSP autorizó indirectamente que ambas recibieran un total de G. 60.000
millones.
El 24 de julio del año pasado, el entonces ministro Julio Mazzoleni firmó dos resoluciones por las cuales autorizó la cesión de créditos a favor de las empresas de Justo Ferreira, ligadas a las presuntas ventas fraudulentas de insumos y equipos de bioseguridad para la lucha contra la
pandemia
Una semana antes, el 16 de julio del año pasado, la DNCP anunciaba la histórica sanción contra ambas firmas. Esto luego de que la Contraloría General de la República, y la Comisión
Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) levantaran seudos informes sobre numerosas irregularidades en una licitación de G. 85.000 millones para la compra de equipos de bioseguridad que no cumplían con los requisitos mínimos.
El proceso estuvo plagado de numerosas irregularidades, como un contrato firmado sin que el Comité de Evaluación emitiera dictamen y otros hechos más que no fueron investigados.G. 36.000 millones
En lo que va de este año, las firmas Imedic SA y Eurotec SA recibieron pagos por más de G. 36.000 millones de parte del MSP y el IPS.
En junio pasado, por ejemplo, el IPS entregó G. 10.269 millones a la firma Imedic. Solo entre setiembre y los primeros días de este mes, el MSP realizó pagos por más de G. 11.202 millones a la misma empresa.
Solo esta firma del clan Ferreira recibió más de G. 21.471 millones en lo que va del año.
Por otra parte, la firma Eurotec SA –también sancionada– recibió más de G. 14.943 millones en lo que va del año por parte de ambas instituciones.
No muestran “sentencia”
El ministro de Salud, Julio Borba, entró en contradicciones luego de que ABC Color remitiera una serie de consultas sobre los millonarios y rápidos pagos recibidos por las sancionadas Imedic SA y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira y castigadas por Contrataciones Públicas.
Borba dijo que tras la primera publicación de nuestro diario, realizó consultas a los encargados. En concreto, dijo que había que realizar las consultas a Rita Villalba, Directora de Administración y Finanzas de Salud Pública.
Ante la insistencia, Borba dijo que los primeros reportes que le habían pasado hacían referencia a que los pagos se habían dado como consecuencia de una orden judicial. Pero ni el ministro ni la directora administrativa exhibieron documento alguno pese a insistentes
pedidos.
“No tengo a mano”
Villalba respondió a nuestros mensajes y llamadas pasadas las 20:00 de ayer. Como justificación de la celeridad del pago, afirmó que existían sentencias y embargos ejecutivos por las deudas de Salud Pública con las empresas de Ferreira.
Ante nuestra insistencia de que nos mostraran los documentos, Villalba dijo que ya que no se encontraba en su lugar de trabajo. “No tengo a mano, pero mañana les puedo mostrar sin problemas y explicar”, afirmó.
Cuando se le señaló que por ley no se pueden embargar cuentas de instituciones públicas, afirmó: “No son las cuentas las que se embargan”.
“Eso tendría que mirar, me parece medio raro”, fue lo que respondió la directora administrativa cuando se le señaló que la solicitud de transferencia fue recibida y aprobada en un domingo.
Justificó estos pagos diciendo que hace 17 meses que no se paga a las empresas de Ferreira, pero dijo desconocer la cesión de créditos firmada por la administración de Mazzoleni en julio del año pasado.
Le consultamos además si habían solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República en los juicios planteados por las firmas de Ferreira. “No tiene por qué tener parte”, dijo Villalba