);

Itakyry es el quinto distrito más poblado del departamento de Alto Paraná y uno de los lugares donde de manera frecuente se producen conflictos por la tenencia de tierra entre colonos e indígenas. El más reciente y que se desarrolla en la colonia Tape Yke

Esta colonia es una propiedad adquirida por el Estado para­guayo en 1994 al señor Batista Lozzio, a través del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), y estaba destinada a ser una colonia agraria según la resolución de la Presidencia del IBR N° 149 del año 1995, con un plan de loteamiento de 37 parcelas, de las cuales 35 de ellas ya están tituladas actualmente, todas ellas per­tenecientes a las fincas 12 y 13.

En julio de 1996, el Consejo Directivo del Indi, bajo la pre­sidencia de Valentín Gamarra Velázquez, adquirió una pro­piedad de 1.364 hectáreas en el distrito de Hernandarias del señor Atilio Piraino Sego­via, según consta en la escri­tura de compra-venta.

Esta propiedad identificada como finca Nº 21.720 estaba destinada al asentamiento de la comunidad indígena Ka’a Poty y el Indi pagó G. 818.700.900 por esta opera­ción. Llamativamente en el documento de compra-venta y transferencia de la propie­dad se menciona como ven­dedor a Lorenzo Mario Pas­tor D’Ecclesiis y a Valentín Gamarra Velázquez, quien en ese entonces ocupaba la pre­sidencia del Indi.

En agosto del 2018, un grupo de alrededor de 100 perso­nas de la comunidad indí­gena Mariscal López, del dis­trito de Itakyry, liderado por Teodoro Ramírez, ingresó a las propiedades que los colo­nos, todos ellos paraguayos, habían adquirido del Indert desde 1995, según consta en los títulos de propiedad expe­didos por el mismo.

 

En aquel momento los propie­tarios de estas tierras exhi­bieron al líder de la comuni­dad los títulos expedidos por el Indert y estos en gran parte se retiraron luego de cons­tatar la equivocación. Sin embargo, un grupo de 20 de ellos decidió permanecer en el lugar, esta vez ya bajo el lide­razgo de Marta Isabel Díaz de Gonçalves, hasta el 15 de junio del 2021, cuando fue desalo­jado por orden judicial.

Este grupo, renombrado como comunidad indígena Ka’a Poty 1, es liderado por Marta Isabel Díaz de Gonçalves y llegó a la plaza del Congreso al otro día de su desalojo y permaneció en el lugar alrededor de dos meses, hasta que logró que la jueza Magalí Zavala emita una medida cautelar, que le permitió regresar y permane­cer en alrededor de 540 hec­táreas de otras propiedades de la colonia Tape Yke hasta tanto se resuelva la situación en el ámbito jurídico.

Tras varios estudios, revisio­nes e informes, el Indert con­cluyó que la finca Nº 1.628 de Itakyry no era posible ubicar y de poder hacerlo, no estaría superpuesta con las fincas de los pequeños productores de la colonia Tape Yke, tal como lo afirmó siempre el Indi.