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El ministro sustituto del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, afirmó ayer que el “aguinaldo extra” que Patricia Samudio les otorgó a sus funcionarios se realizó en contravención al Decreto 2180 de racionalización del gasto.

Esto pone en mayores aprietos a la presidenta de la empresa estatal, Patricia Samudio, quien se llamó a silencio luego de que ÚH confirmó que realizó un millonario desembolso el pasado 6 de diciembre para pagar la gratificación a funcionarios permanentes y contratados de la empresa.

Asimismo, Samudio se niega a proporcionar los datos oficiales del costo que representó para la empresa el pago del “aguinaldo extra”. Extraoficialmente se habla de G. 3.500 millones y se abonó el 50% a los permanentes y 40% a los contratados.

Llamosas dijo ayer que el citado decreto establece que para realizar estos pagos se debe hacer un pedido a Hacienda que es la que debe evaluar si corresponde. “Este trabajo se está haciendo desde que se implementó el decreto y no se autorizó ni un pago. Este pago vino de contramano, el decreto es para todos los organismos y entidades. Eso no pasó por aquí”, aseveró respecto al caso de la estatal de combustibles.

El Decreto 2180, que en este caso infringió la presidenta de Petropar, se promulgó el pasado 22 de julio y establece que el Ministerio de Hacienda es el que analizará la razonabilidad de los pagos ocasionales otorgados por organismos del Estado “los que deberán contar con un informe favorable para realizar los pagos bajo exclusiva responsabilidad del ordenador de gastos”.

Pero, Samudio alegó que los sindicatos de la empresa le pidieron el pago en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. También que es obligación por ley cumplir los contratos laborales.

Sin embargo, de acuerdo con la disposición del contrato colectivo, se observa que la titular realizó una interpretación forzada para realizar el desembolso y pagar la millonaria gratificación.

El artículo 94 del acuerdo laboral dice que se otorgará la gratificación al personal equivalente a por lo menos el 100% de su salario, siempre y cuando, “a criterio de la administración el personal se haya hecho acreedor a la misma y las condiciones generales de la empresa así lo permitan”.

Ambas condiciones no están dadas, pero se forzó a una interpretación distinta y que ahora resultó violatoria del nombrado decreto de racionalización del gasto.