Por recomendación de su abogado, la, dueña de Imedic SA, se abstuvo de declarar durante la audiencia indagatoria.
Añadió que la comparecencia fue para demostrar la actitud de su defendida de colaborar. “Sobre todo con algunos fiscales que decían que había resistencia por parte de nuestra defendida de ponerse a disposición”, expresó y destacó que la conducta que tuvo ayer la Fiscalía “es la que jurídicamente corresponde”. “Hay una imputación, se convoca a una indagatoria, se pide copia de todas las actuaciones y en la brevedad nos van a fijar fecha para venir a declarar. Agradezco a la unidad del fiscal Osmar Legal por darnos el tratamiento que corresponde”, reiteró.
Los fiscales de Delitos Económicos, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, imputaron a Justo Rubén Ferreira, Patricia Beatriz Ferreira y otras 5 personas por la comisión de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. El caso se refiere a insumos médicos chinos que supuestamente intentaron comercializar al Estado y por los cuales habían recibido G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos los procesados.
Para hoy están previstas otras indagatorias, en las que se citan a tres funcionarios de Aduanas, y posteriormente continuarán otras diligencias. Ayer suspendió su audiencia indagatoria, además de Justo Ferreira y su hija, el despachante de apellido Gamarra para solicitar la copia de la carpeta fiscal. Todos volverán a ser citados para audiencia indagatoria la próxima semana.
Patricia Ferreira, dueña de Imedic SA, y Nidia Godoy, directora de la firma, fueron beneficiadas con arresto domiciliario luego de que la defensa presentara una fianza de US$ 1,5 millones en concepto de un inmueble. La jueza penal de Garantías Lici Sánchez benefició con la medida sustitutiva a las imputadas en el marco del intento de estafa al Estado en la compra de insumos médicos.
La magistrada tomó la decisión de no enviar a ambas personas a prisión luego de que el abogado Alfredo Kronawetter presentara la millonaria fianza. Además, la jueza aplicó a las procesadas la prohibición de comunicación con testigos de la causa, así como tampoco salir del país. De esa manera se levantó la orden de captura y la declaración de rebeldía que pesaban sobre ambas.