);

Por recomendación de su abogado, la, dueña de Imedic SA, se abs­tuvo de declarar durante la audiencia  indagatoria.

Añadió que la comparecencia fue para demostrar la actitud de su defendida de colaborar. “Sobre todo con algunos fisca­les que decían que había resis­tencia por parte de nuestra defendida de ponerse a dis­posición”, expresó y destacó que la conducta que tuvo ayer la Fiscalía “es la que jurídi­camente corresponde”. “Hay una imputación, se convoca a una indagatoria, se pide copia de todas las actuaciones y en la brevedad nos van a fijar fecha para venir a declarar. Agradezco a la unidad del fis­cal Osmar Legal por darnos el tratamiento que corres­ponde”, reiteró.

Los fiscales de Delitos Eco­nómicos, Osmar Legal, Fran­cisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, imputa­ron a Justo Rubén Ferreira, Patricia Beatriz Ferreira y otras 5 personas por la comi­sión de contrabando, produc­ción de documentos no autén­ticos y asociación criminal. El caso se refiere a insumos médicos chinos que supues­tamente intentaron comer­cializar al Estado y por los cuales habían recibido G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos los procesados.

Para hoy están previstas otras indagatorias, en las que se citan a tres funcio­narios de Aduanas, y poste­riormente continuarán otras diligencias. Ayer suspendió su audiencia indagatoria, ade­más de Justo Ferreira y su hija, el despachante de ape­llido Gamarra para solicitar la copia de la carpeta fiscal. Todos volverán a ser citados para audiencia indagatoria la próxima semana.

MILLONARIA FIANZA

Patricia Ferreira, dueña de Imedic SA, y Nidia Godoy, directora de la firma, fueron beneficiadas con arresto domiciliario luego de que la defensa presentara una fianza de US$ 1,5 millones en concepto de un inmueble. La jueza penal de Garantías Lici Sán­chez benefició con la medida sustitutiva a las imputadas en el marco del intento de estafa al Estado en la compra de insumos médicos.

La magistrada tomó la decisión de no enviar a ambas personas a prisión luego de que el abogado Alfredo Kronawetter presen­tara la millonaria fianza. Además, la jueza aplicó a las procesadas la prohibición de comunicación con testigos de la causa, así como tampoco salir del país. De esa manera se levantó la orden de cap­tura y la declaración de rebeldía que pesaban sobre ambas.