El jefe de Gabinete de la Presidencia manifestó s que no hubo daño patrimonial en el caso de las licitaciones can­celadas por el Ministerio de Salud para la compra de insu­mos médicos.

La cartera sani­taria dio un anticipo del 20% a las empresas Eurotec e Ime­dic, vinculadas al empresario Justo Ferreira.

“Al no haber aceptado el pro­ducto y al no haber pagado, no debería haber daño patri­monial. Si se quiere investi­gar desde otro punto de vista, naturalmente, se puede hacer, pero el daño patrimonial, como esencia del problema, no se puede producir cuando no se recibe el producto y no se paga”, señaló Villamayor.

Sostuvo que la empresa deberá hacerse cargo de los gastos por incumplir el con­trato, que es de “naturaleza civil”. A su criterio, si el Minis­terio Público considera que hay algo más para investigar, ya queda a su cargo continuar con las pesquisas contra las firmas del clan Ferreira.

Mencionó que al hablar de “intento” se confirma que tal delito no existe, pero si la “intención” tiene deriva­ción penal, es la Fiscalía la que debe investigar. El jefe de Gabinete considera que administrativamente no se juzgan las intenciones, sino el perjuicio ocasionado. “El daño técnicamente, según la comisión (compras covid), no existe. Hay un perjuicio, eso no quiere decir daño patrimonial. El patrimonio, entendiendo que es el con­junto de bienes de la admi­nistración pública, no ha sido dañado”, agregó.

Con el pretexto de la emer­gencia sanitaria, Eurotec e Imedic SA obtuvieron un con­trato millonario y un anticipo indebido para la provisión de insumos médicos, que al final fueron cancelados y rescindi­dos ante las irregularidades. Ambas firmas obtuvieron un contrato de US$ 13 millo­nes y el anticipo fue del 20%. El monto total que debería recuperar el ministerio es de G. 25.000 millones. Eurotec recibió G. 7.400 millones y la garantía de fiel cumplimiento es de G. 3.700 millones. Ime­dic obtuvo G. 9.590 millones como anticipo y la garantía de fiel cumplimiento G. 4.795 millones.