El nuevo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, dijo que no dudará en destituir a los funcionarios que incurran en casos de corrupción.

Estuvo acompañado durante el acto de Asunción por el ministro de Agricultura y Ganadería Rodolfo Friedmann, cuyos funcionarios de confianza fueron desvinculados por un caso de coimas, incluyendo el propio titular del Indert, Horacio Torres.

Vega sostuvo que se enfocará en el campesinado, a quienes prometió agilizar los trámites de titulación. Pidió a los funcionarios colaboración y anunció que seguirá con los proyectos buenos que comenzaron en la gestión anterior y corregirá las irregularidades.

Igualmente, advirtió que habrá sanciones para quienes vendan sus parcelas. “Estaremos monitoreando, quienes una vez tengan un título definitivo, que no traten de vender su parcela porque desde esta institución, estaremos monitoreando y tomaremos las medidas correspondientes para comprobar tal hecho”, expresó.

A los pequeños y medianos productores prometió ayuda en la titulación y en la obtención de préstamos, en instituciones como el Crédito Agrícola de Habilitación, cooperativas, Banco Nacional de Fomento (BNF) o empresas privadas.

Además de Torres, se desvincularon del Indert el director del Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, y el gerente de Créditos, Carlos Soler, imputados por cohecho pasivo agravado, luego de solicitar una coima de USD 25.000 para desestimar una adjudicación de tierras.

El dirigente del Movimiento Agrario Paraguayo, de Itapúa, Cleto Bustamante, advirtió que dan un plazo de ocho días al presidente del Indert Mario Vega, para que actúe en favor del campesinado, ya que todos sus antecedentes apuntan a que obrará en beneficio de productores sojeros, manifestó.
Según indicó, el presidente de la República Mario Abdo cometió un error al nombrarlo, ya que, para ellos, el abogado entregará las tierras públicas a manos de extranjeros brasileños y habrá masivos desalojos.
Cuestionó que se cierren las puertas del Indert a los campesinos apostados frente a la institución reclamando 300 hectáreas, mientras que se pagó USD 7 millones a Antebi.