Nicanor sigue sin rendir cuentas

Hasta la fecha, la EBY no entregó la copia de todos sus contratos, convenios que deben incluirse en una rendición de cuentas, según la Contraloría. Tampoco proveyó los datos de las personas que firmaron los acuses de recibo en el marco de los pagos que realizaron mediante transferencias económicas, etc.

En este sentido, cabe resal­tar que el artículo 8 de la Ley 5.282/14 de Transparencia, expresamente obliga a la EBY, y a toda otra fuente pública de información, a mantener actualizada y a disposición del público en forma constante, todos sus convenios y contra­tos celebrados. Además, debe estar a disposición datos como la fecha de celebración del con­trato, el objeto, el monto total de la contratación, plazos de ejecución, mecanismos de con­trol y rendición de cuentas.

Esto significa que ni siquiera hubiera sido necesario que el periodista exija a la EBY la información mediante un amparo que hasta el momento Nicanor se rehúsa a cumplir a cabalidad. A pesar de que la jueza Alice González obligó a la entidad a proveer los datos soli­citados, esto no ha sucedido, el equipo de Duarte Frutos solo se limitó a copiar y pegar lo mismo que se encuentra en su página web, sin dar las ren­diciones de cuentas.

La EBY no ha facilitado la copia de todos sus contratos, conve­nios, la fecha de la firma de esos contratos, el objeto, los montos involucrados, la o las personas físicas que firmaron los acuses de recibo del dinero y/o de los bienes, con sus datos persona­les completos, plazos de ejecu­ción, mecanismos de control y rendición de cuentas de lo pagado o entregado.

Hay información de muchas instituciones gubernamenta­les y no gubernamentales que afirma haber rendido cuentas a la EBY de lo recibido por trans­ferencias económicas durante los años 2019 y 2020, lo cual implica, definitivamente, que esas rendiciones de cuentas se encuentran en poder de Yacyretá. De hecho, fueron los mismos beneficiarios de estas transferencias quienes aclara­ron que entregan las rendicio­nes a la binacional.

Teniendo en cuenta esto último y si tras haber sido requerida judicialmente la EBY no presenta al juzgado la información faltante, den­tro del plazo previsto, es pro­bable que cometa el delito de desacato. Esto a su vez con­lleva una pena privativa de libertad de hasta cinco años, dado que el juzgado intimó a la EBY bajo apercibimiento concreto, lo que significa que si no cumple con lo exigido en la comunicación, se da paso a una sanción.

Finalmente, cabe destacar que la decisión de la magis­trada ya fue apelada por los abogados de Nicanor Duarte Frutos, que sostuvieron en su argumento que el amparo no es la vía para el reclamo reali­zado por el periodista. Igual­mente, los letrados de la EBY afirmaron que la magistrada Alice González actuó como “investigadora parcialista”, al no haber aceptado el discurso de que todo estaba en la web.

A criterio del juzgado, la res­puesta de Nicanor debió ser más precisa debiendo con­testar con la información que le fuera posible conceder y hacer reserva sobre la que no pudiese proporcionar. Hoy será un día decisivo para cono­cer el futuro del caso.

Este medio consultó con la propia Contraloría General de la Repú­blica (CGR) sobre qué se entiende por rendición de cuentas. “Bási­camente, consiste en que aquellos que reciben dinero público puedan, luego de un tiempo determinado, establecer la trazabili­dad del dinero con relación a la trazabilidad de las obras”, expresó Mario Florenciáñez, director general de Control de Rendición de Cuentas de la CGR.

Según el funcionario, una rendición de cuentas se debe entregar bajo declaración jurada y debe contener todos los contratos, fac­turas e informes que tengan vinculación con los gastos realizados, cosa que no realizó la EBY hasta la fecha.

En realidad, Yacyretá solo ha compartido parte de la información, ya que de acuerdo a una investigación anterior de este medio, son más de US$ 70 millones los que ya se repartieron en ayuda social, según lo publicado en la web de la binacional, y solo se ha subido información por valor de G. 7.178 millones (US$ 1,1 millones).