Al igual que otros gremios, los miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), emitieron su preocupación por los actos reiterados y constantes de presión contra las instituciones, especialmente a lo relacionado a la fiscal general, Sandra Quiñónez.
En el comunicado emitido, rechazan los intentos de “avasallamiento del ordenamiento jurídico local”, que no hacen más que afectar la autonomía e independencia en la investigación y persecución penal de hechos que pueden ser constitutivos de delito, bajo el principio de objetividad y, con pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales.
En ese sentido, recuerdan lo manifestado por las y los Fiscales y Procuradores Generales de Iberoamérica, el 11 de octubre de 2016, en la “Declaración de Lisboa”, en cuanto a que “La autonomía del Ministerio Público frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”.
A su vez, reiteraron el rechazo al nuevo intento de juicio político con fines de destitución de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, que podría importar un atentado contra la autonomía e independencia del Ministerio Público y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.