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Tras documentación presentada por la Contraloría General de la República, se descubrió que seis funcionarios del Poder Ejecutivo mintieron en sus declaraciones juradas sobre bienes.  El organismo contralor aseguró que no son “simples errores”, y que “hay suficientes indicios de dolo”. La fiscalía investigará cada caso.

 

Los ministros que están siendo investigados son:  Eduardo Petta – Ministerio de Educación-; Nilda Romero – Ministerio de la Mujer-; Carla Bacigalupo – Ministra de Trabajo-; Dany Durand – Ministerio de Vivienda y Urbanismo-; y el ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi.

Al realizar las auditorías correspondientes; desde la Contraloría encontraron importantes irregularidades; y dieron a conocer sus resultados:

  • Petta: no declaró siete inmuebles que tiene en Hoenau. Sólo declaró cinco.
  • Bacigalupo: tampoco declaró todo sus bienes; ni los de ella ni los de su marido -como lo establece la Ley 5033-.  Se olvidó de anotar seis.  “La falta de veracidad en su declaración es irregular”; aseguraron desde el ente de investigación.
  • Romero: tampoco declaró todos los inmuebles y vehículos que posee.
  • Durand y Lichi: no coincide lo que declaran de lo que perciben.

 

Al hacerse público los documentos donde se demuestra las “omisiones” de los funcionarios;  el Presidente de la República, Mario Abdo, se llamó a silencio.

Fue el titular del Congreso, Blas Llano, quien habló: “Si se comprobase esto, lógico que se tienen que realizar los cambios correspondientes y asumir las responsabilidades respectivas”.

La nota presentada por la CGR señala que los resultados  de sus pesquisas “podrían encuadrarse dentro de la Ley N° 2523/04 que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias y hechos punibles contra la Prueba Documental”

El órgano contralor envió al Ministerio Público el informe de los titulares. “Nosotros estamos seguros, nuestro trabajo está fundamentado con documentos y creemos que hubo dolo”, aseveró el director de la CGR, Armindo Torres. Y agregó que al constatrse una declaración falta, deben remitir a la Fiscalía sin notificar a los afectados.

Además, reveló que están analizando las declaraciones juradas de viceministros, consejeros de las empresas binacionales Itaipú y Yacyretá y embajadores, y estimó que esos resultados estarían listos en los primeros meses del 2020.

Por otra parte, la Cámara de Senadores aguarda que la Contraloría remita las declaraciones juradas a la institución, ya que fue un pedido constitucional realizado en setiembre del año 2018.

 

 

 

de la redacción EnLaTeclaPY