Este lunes, una de las noticias más relevantes fue el anuncio de que el oficialismo podría dar curso a un pedido de juicio político con la Fiscal General de Estado, la Dra. Sandra Quiñónez.
Este nuevo pedido de juicio político, el séptimo recuerdan los memoriosos, se da en un ambiente por demás enrarecido, tan extraño que deja entrever que lo último que se anhela es la búsqueda de la justicia, y en cambio se encuadra en una lucha por espacios de poder, entre ellos claro está, por apoderarse de la justicia con todo lo que ello implica.
La inseguridad que rebalsó el vaso
La trama de este nuevo pedido de Juicio a la FGE tiene varias capas o cortinas que intentaremos ir abriendo.
La ola de inseguridad que viene azotando a Paraguay desde que el Dr. Arnaldo Giuzzio está a cargo del Ministerio del Interior y la poca reacción del titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez para generar cambios, es una de las capas que explican en parte el pedido de enjuiciamiento a Quiñonez.
Luego de la tragedia de San Bernardino, que puso sobre la mesa la libertad e impunidad con que se mueven los delincuentes (en este caso sicarios al servicio del narcotráfico) derivó en que gran parte del arco político nacional, pida, por medio de un juicio político, la cabeza de Giuzzio, puesto por Abdo en una clara concesión con su partido aliado, el Partido Democrático Progresista (PDP). Extrañamente, ante semejante tragedia, que costó la vida de Cristina Vita Aranda y Marcos Ignacio Rojas Mora y que demostró la complicidad de la fuerza policial y los sicarios, el Ministro Giuzzio, en vez de demostrar lo hecho en materia de seguridad y la planificación a futuro, realizó un despliegue con gráficos y power points incluidos, denunciando al ex presidente Horacio Cartés por supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen. En síntesis, en plena ola de inseguridad y de un reclamo popular por más acción en este tema, Giuzzio denuncia a Cartés.
Como es sabido, el pedido de juicio político no prosperó. Desde la filas del oficialismo, movieron sus hilos para que el pedido, no obtenga los votos y así, nuevamente Giuzzio, quede libre de culpa y cargo.
Antes de develar otra de las facetas de toda esta trama judicial, es bueno recordar que el mismísimo Ministro del Interior, no pudo justificar su última declaración jurada que demuestra un desmesurado aumento de su patrimonio y deudas que casi empatan sus ingresos. ¿Cómo vive? Nadie lo sabe.
De cabeza en la interna
La otra capa es claro la interna del Partido Colorado. O dicho en otras palabras, dada la cuasi nula existencia de una sólida oposición, la interna del país de cara a las próximas elecciones presidenciales.
El presidente saliente, como definen muchos medios a Mario Abdo, necesita una sólida protección judicial. Tanto él como casi la totalidad de su cuestionado gabinete cuando se conviertan, como cenicienta a la medianoche, en simples mortales, tendrán que explicar ante la justicia, asuntos muy poco claros: Wiens, Mazzolenni, Peta, Borba,el ya mencionado Giuzzio y el mismísimo Mario Abdo y su vice Hugo Velázquez de no tener una mano amiga tendrán que hacer malabares ante el poder judicial para justificar las desprolijidades de su gestión y números que no cierran por ningún lado.
En medio de todo esto, y para seguir agregando niebla a un caso de dudosa credibilidad, aparece la esposa de Hugo Velázquez, Lourdes Samaniego, quien manifiesta que uno de sus anhelos es…. la Fiscalía General del Estado. ¿En busca de impunidad? No sea mal pensado.
Es así como, el ciudadano común, el que tiene que lidiar con la inseguridad, la inflación galopante, la desprotección del Estado ante la pandemia, el desempleo y la falta de inversión en salud y educación, se pregunta: ¿el pedido de juicio político a Sandra Quiñónez es un paso en búsqueda de justicia o un manotazo por parte del oficialismo para lograr impunidad y protección?
En La Tecla