Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, se refirió ayer a la polémica surgida con los pagos extras que fueron realizados en los últimos meses por diferentes entidades del Estado, lo cual desató numerosas críticas al concretarse en plena época de pandemia.
En conversación con los medios de prensa, el secretario de Estado expresó que, en comparación con otros años, las remuneraciones adicionales a los salarios en la función pública se redujeron considerablemente y que se han limitado tanto los conceptos como las cantidades pagadas a los funcionarios.
“Lo que nosotros hicimos para este año fue limitar los conceptos, se eliminaron los famosos subsidios vacacionales, se eliminaron los premios, se eliminaron una serie de cosas, y lo único que quedó es el pago relacionado con el subsidio familiar, que equivale a un salario mínimo”, dijo.
Refirió que el pago de la ayuda familiar está establecido en el Presupuesto General de la Nación y debe realizarse una sola vez; sin embargo, en entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), estos desembolsos se hicieron tanto en febrero como en marzo.
Llamosas no se refirió a las bonificaciones por responsabilidad en determinados cargos, que todavía se pagan en ciertos organismos estatales, pero sí enfatizó que el debate “de fondo” sobre este tipo de gastos debe darse, a su parecer, en coincidencia con las discusiones sobre el proyecto de ley del servicio civil.
CRÍTICAS. Con la consigna ¡Basta de privilegios!, los sectores industriales, productivos y de servicios se pronunciaron en contra de los pagos extraordinarios en la función pública. El presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, considera que los pagos adicionales son una bofetada a la sociedad, donde un sector está peleando para sostener la actividad económica y el otro apenas llega a fin de mes. “Estamos en medio de la tormenta todavía y acá siguen como si estuviéramos de fiesta y estamos en medio de un velorio”, criticó.
Este gremio productivo, en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, entre otros, difundió un video en el que resalta los esfuerzos de la población y la solidaridad para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, en contraste con los pagos extras que otorga el Gobierno a los trabajadores estatales. En ese sentido, Cristaldo refirió que el sector privado llama la atención a las autoridades y los insta a eliminar los excesos. Habló también sobre el plus en las recaudaciones de impuestos, mediante la reforma tributaria que se elaboró antes de la pandemia, recursos que los gremios exigen que se destinen a una reserva para seguir apoyando la contingencia en planes que den resultados y que no terminen “en un barril sin fondo”.
La canilla del Estado chorrea en diferentes entidades
La ola de críticas a los desembolsos de remuneraciones adicionales a funcionarios del sector público se inició cuando se dio a conocer que Hacienda pagó a 1.500 funcionarios una bonificación de G. 2.192.839 en concepto de subsidio familiar, en medio de una feroz crisis sanitaria y la apretada situación de las finanzas públicas por el endeudamiento y el elevado déficit fiscal. Luego se sumaron entidades, como el Banco Central del Paraguay (BCP), Seprelad y l Aduanas. Asimismo, los duros cuestionamientos apuntaron hacia Itaipú, que mantiene beneficios, como antigüedad laboral, adicional regional y nocturno, ayuda habitacional, entre otros.