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Gladys Fernández, encargada de Con­trol de Gastos del Estado de la Contraloría General de la República, dijo que la Entidad Bina­cional Yacyretá (EBY) no remitió todas las documen­taciones solicitadas para verificar los gastos de los fondos sociales, específica­mente las que correspon­den a pagos a proveedores, crucial para una auditoría. Tras la reunión de la mesa directiva del Senado, en la que fue convocado el minis­tro de Hacienda, Óscar Lla­mosas, y el contralor gene­ral Camilo Benítez, este último se refirió acerca de la “inmensa” cantidad de documentos que fueron remitidos por la hidroeléc­trica. Aclaró que muchos de estos no tienen que ver con el pedido realizado.

“Yo particularmente creo que no enviaron todo lo soli­citado”, dijo Benítez.

Por su parte, Fernández indicó que la información entregada es parcial. “Es parcial y esto no nos da ele­mentos suficientes como para sustentar una opinión téc­nica”, dijo, y al ser consultada acerca de cuáles documentos faltarían, indicó: “Los pagos hechos con estos fondos de gastos sociales”. Señaló que tiene los pagos comprometi­dos, pero ningún sustento de esos pagos.

El director general de la EBY lado paraguayo, Nica­nor Duarte Frutos, desde un principio se negó a informar sobre los gastos de fondos sociales.

“Nosotros hemos pedido cuánto se previó para eje­cutar y no tenemos cómo constatar y comparar esto, ya que la información no la hemos recibido aún. Si bien enviaron fotocopias de las órdenes de pago y otras documentaciones, no son suficientes para que poda­mos expedirnos y emitir una conclusión”, expresó la encargada de Control de Gastos de la Contraloría.

El contralor, consultado sobre si existe una intencio­nalidad de parte de Duarte Frutos, afirmó que no puede asegurar esto. Indicó que el mandato del Senado es una auditoría de los 10 últimos años. Sin embargo, la Con­traloría tiene como meca­nismo auditar desde lo más reciente a lo más antiguo. Hasta el momento, las órde­nes de pago del 2019 no cuen­tan con documento mínimo, indicó.

“Nosotros tenemos una posición muy clara al res­pecto, creemos que sí tene­mos competencia para audi­tar de conformidad a lo que establece la Constitución Nacional, por eso es que dictamos esas resoluciones de auditorías financieras y obras que ahora fueron ata­cadas de inconstitucional”, refirió Benítez.