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La Unidad Especia­lizada de Delitos Económicos y Anti­corrupción de la Fiscalía abrió una causa de investi­gación de oficio ante sospe­chosos indicios de hechos punibles en el proceso de licitación de la pasarela de ñandutí, conocida como la “pasarela de oro”, dado que el costo fue de US$ 2 millones, ubicada sobre la autopista Ñu Guasu. Al respecto, ya remitieron ofi­cios solicitando informes a la Contraloría General de la República, así como a la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas.

También señala que hubo falta de planificación y pre­visibilidad al momento de evaluar las condiciones para la viabilidad del pro­yecto licitado. Por otro lado, no existe justificación téc­nica respecto al costo de la estructura con fines orna­mentales, que incurrió en el costo total de la obra que asciende a casi US$ 2 millo­nes, equivalentes a G. 12.437 millones.

DENUNCIA

A fin de dar mayor fuerza a la investigación, diputados de la multibancada presen­taron, a la par, una denuncia contra la construcción de la polémica pasarela. Sumán­dose así a la investigación que abrió la Fiscalía sobre la licitación.

Al respecto, la diputada Rocío Vallejo señaló a La Nación que la denuncia se basa en los informes de la Contralo­ría y Auditoría Interna Obras Públicas. En ese sentido, la representante del Partido Patria Querida señaló que en ambos informes conclu­yen que hay falencias desde el inicio y está “viciado de cuestiones extrañas”.

Vallejos señaló que en el documento que entregaron al Ministerio Público resal­tan algunos puntos con más fuerza. “Que nunca hubo en esta obra análisis técnico de costos. Es decir, la justifi­cación que dieron dice que los costos estaban basados en una revista, pero nunca hicieron el cálculo conforme a la obra. En segundo lugar, la investigación es la modi­ficación del proyecto inicial, mediante convenios, cam­biando el 98% de los ítems de la obra. Solo un 2% quedó del original, en esas modifica­ciones se incluyó la pasarela y en ese punto se señala que fue un gasto que no estaba previsto, no estaba justifi­cado y además era innece­sario”, precisó.