La Contraloría General de la República (CGR) encontró una gran cantidad de irregularidades en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en el informe financiero del Poder Ejecutivo, para el ejercicio fiscal del año 2021.
Principalmente, estos vicios fueron hallados en los procesos licitatorios y en las adquisiciones en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Solumedic SA. Mediante una fiscalización especial de estas compras y contrataciones públicas, la Contraloría constató irregularidades con varias empresas. Una verificación a los legajos que respaldan pagos a la firma Solumedic SA, por la provisión de equipos biomédicos, constató una nota de solicitud de cobro de fecha 15 de diciembre del 2020, por G. 2.400.000.000, expedida por la firma adjudicada, correspondiente a la provisión de 30 monitores paramétricos de la marca Edan, que contenía discrepancias en la solicitud en cuanto al número de factura, timbrado, cuenta corriente bancaria y modalidad del llamado, respecto a los documentos que respaldan los pagos efectivamente realizados.
En una contratación por vía de la excepción para compra de equipos biomédicos por urgencia por Covid-19 por un monto de G. 4.740.000.000, adjudicada a Asunción Comunicaciones SA (G. 1.560.000.000) y a Solumedic SA (G.3.180.000.000), la Contraloría dio detalles de varias irregularidades.
Una de las fallas se dio en la apertura de ofertas. “Quedó evidencia de que el horario consignado para realización de los actos administrativos de recepción de sobres de ofertas y de apertura, no se realizaron en el orden establecido en la normativa legal vigente, es decir, el acta dice que mientras se recibían las ofertas ya se realizaba la apertura de las mismas”, indica, entre otras fallas.
Análisis. En esta misma fiscalización se encontró que el IPS ni siquiera rindió cuentas del gasto relacionado a análisis en pacientes con Covid.
“El IPS no presentó rendición de cuentas referente a las órdenes de análisis médico de pacientes aquejados por el Covid-19 como respaldo de las muestras realizadas de una cantidad de 1.931 que, teniendo en cuenta el valor unitario de G. 390.000, que representa un total de G. 753.090.000”, señala.
Mora. Dentro de la citada fiscalización, la Contraloría determinó que el IPS incurrió en atraso en el pago de servicios tercerizados, lo que provoca un sobre gasto debido a que se deberá pagar intereses, lo que pudo haberse evitado.
“EI IPS expuso a la institución a incurrir en posible mora y a la aplicación de intereses por cada día de atraso, a falta de rendición de cuentas por excesiva demora en los procedimientos de pago en concepto de servicios tercerizados de análisis de Covid-19, en detrimento de la economía e intereses institucionales, ya que existían tres facturas, que a la fecha de verificación se encontraban pendientes de pago. El monto de los citados documentos ascendió, aproximadamente, a la suma de G. 9.647.040.000, sobre los que se deberán realizar cálculos de intereses”, apunta el informe.
Chaco’i ICSA. La Contraloría identificó también irregularidades en una licitación adjudicada a la empresa Chaco’i ICSA para la readecuación de instalaciones de gases medicinales para hospitales del IPS, por un monto de G. 86.302.270.800.
“EI IPS no demostró, mediante documentación fehaciente, que el contrato fue ejecutado en su totalidad. Tampoco se tiene certeza de que las siete plantas proveedoras de oxígeno se encuentren funcionando. Asimismo, no justificó en qué concepto se pagaron G. 53.215.672.680 equivalente al 61.66% del total del contrato”, expresa tajante el informe.
La fiscalización determinó que el contrato con esta empresa fue suscrito cinco días después de la notificación de la adjudicación a la firma Chaco’i ICSA. Esto incumple con el Decreto N° 1107/14 y con la ley de Contrataciones Públicas, que indica que deben transcurrir 20 días posteriores a la notificación para formalizar el contrato.
“No fue posible determinar el cumplimiento de los plazos dispuestos en el contrato, como tampoco si las siete plantas generadoras de oxígeno fueron entregadas al IPS, en funcionamiento y con el mantenimiento efectuado”, apunta.
9.647 millones de guaraníes es el monto por el que el IPS expuso a pagar intereses por haber incurrido en mora.
700 millones de guaraníes, gastados en órdenes de análisis médicos por Covid, el IPS no rindió cuentas.