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La Contraloría denunció ante la Fiscalía que en 2018, el costo social de la corrupción en entidades del Estado superó los G. 17.000 millones, mientras que en 2019 la cifra trepó a G. 42.000 millones

En el informe se destaca con datos concretos y bien detallados lo que durante 2018 y 2019 la malversación de fondos públicos le costó a la ciudadanía.

Resalta la Contraloría que durante el 2018, presentó a la Fiscalía General del Estado 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, por un total de G. 17.129.599.605.

De acuerdo al documento, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el ente que ofrece un pésimo servicio a la ciudadanía, es la que encabeza la lista de institución más corruptas en lo que fue el 2018. Esto de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría en donde se señala un supuesto hecho punible de más de G. 11.000 millones.

Los municipios y las gobernaciones no se quedan atrás y fueron denunciados por malversación de fondos públicos y tanto en 2018 como en 2019 se encuentran entre las instituciones que más perjuicios provocaron al erario público.

En ese sentido, tras las auditorías realizadas en el 2018, fueron denunciados ante el Ministerio Público a 28 gobiernos municipales por un importe de alrededor de G. 2.000 millones.

En cuanto a los gobiernos departamentales fueron denunciados la gobernación de Ñeembucú, bajo la administración del liberal Carlos Silva y el de Caaguazú por montos que superan los G. 800 millones. Así también el ente contralor presentó una denuncia en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por una suma de G. 3.072 millones.

MÁS CONTROL. Las denuncias aumentaron en 2019. Esto debido al mayor control que se inició luego de asumir Benítez. En ese sentido, hasta noviembre de este año se reportó G. 42.030.754.759 de pérdida y los principales responsables son los jefes comunales.

Según explicó el contralor, los indicios de hechos punibles contra el patrimonio constituyen hallazgos de hechos irregulares en el marco de las auditorías practicadas en diversos organismos y entidades del Estado, que requieren una profundización ya sean en la unidad de auditoría forense y posteriormente por parte del Ministerio Público donde son derivados para su investigación.

Señaló que la Fiscalía posee facultades y prerrogativas constitucionales y legales superiores a la Contraloría, ya que el ente contralor solamente abarca fiscalizaciones de carácter administrativo público.

En su informe, el ente contralor tomó tres ejes muy sensibles para la gente como salud, educación y seguridad y realizó un comparativo de lo que se podría haber hecho con las millonarias sumas despilfarradas. Es así que sostiene que con los G. 17.129.599.605 perdidos en el 2018 bien se pudo haber comprado 6 unidades de terapia intensiva o 2.400 medicamentos oncológicos que escasean en los hospitales públicos o construir 237 aulas o adquirir 69 camionetas patrulleras para la policía. Con los G. 42.030.754.759 despilfarrados en 2019 se pudo haber comprado 2.250 almuerzos escolares, 172 equipos de laboratorios para educación universitaria, o construir 59 centros integrales de la mujer.