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Sigue el despilfarro Estatal.  Se asignaron US$ 76 millones  “extra” para funcionarios. Este beneficio se financia con el dinero de los contribuyentes. Mientras tanto, ciudadanos reclaman por mejoras en educación y salud.

 

Según datos del Ministerio de Hacienda, la ley de Presupuesto vigente tiene asignado para el pago del “subsidio familiar” un monto de G. 475.000 millones (US$76,4 millones) para diferentes instituciones. Pero este subsidio es una manera de disfrazar el “aguinaldo extra”, el cual fue prohibido por críticas ciudadanas y porque debería haber desaparecido en 2015 con la aplicación de la matriz salarial.

 

El 70% de estos fondos disponibles corresponden a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Banco Nacional de Fomento (BNF), Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Esta gratificación a funcionarios del Gobierno, se financia con el dinero de los contribuyentes. Y, no tiene en cuenta que la recaudación tributaria cayó más de US$300 millones, ni del déficit fiscal de 2,5% del PBI.

Ya, la semana pasada, Petropar volvió a estar en centro de noticias por el despilfarro de su directora, Patricia Samudio, quien destinó más de tres mil millones de guaraníes para sus funcionarios.

A pesar de los cuestionamientos y críticas, los técnicos de Hacienda justifican el despilfarro; aunque se contradice en relación a la campaña que racionalización de gasto emprendida por la entidad.

Cabe la pena destacar que el Fisco se opuso a la implementación del aumento salarial del 16% a los docentes desde enero del 2020, por “falta de recursos”.

Así mismo, el Tesoro criticó fuertemente la ampliación del alcance de la pensión para adultos mayores, y propuso que el Ejecutivo vete la Ley, porque “la ampliación de la cobertura de dicha pensión supuestamente impactaría en todo el ingreso tributario y haría disparar el déficit fiscal”.

Despilfarro público

La Unión de Gremios de Producción (UGP) presentó un informe donde aseguran que “no ven mejoras en el gasto público”, y que “no se pudo avanzar en la mejora de gestión”.

“Según se dice, se ejecutó el 90% del presupuesto, pero eso no garantiza una calidad de gasto ni resultado. En los últimos 15 años la recaudación subió ocho veces, pero que el gasto mucho más”, señalan en el documento.