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Diputados dio sanción al proyecto que mantiene las medidas tomadas en marzo por la pandemia del Covid-19.

A diferencia de marzo pasado, en que se depositaron todas las esperanzas en la gestión del Gobierno para la crisis sanitaria y económica por Covid-19, y se entregaron desde el Congreso, con votos unánimes, como carta blanca USD 1.600 millones, ayer la Cámara de Diputados dio sanción en medio de muchas dudas al proyecto que amplía la vigencia de 11 artículos de la ley que declara estado de emergencia en todo el territorio y establece medidas administrativas, fiscales y financieras hasta el 30 de junio de 2021.

La ampliación fue defendida por ambas bancadas coloradas. Desde Colorado Añetete, Carlos Núñez Salinas argumentó la necesidad de aprobar esta herramienta legal para mitigar los efectos de la pandemia, en tanto que por Honor Colorado Derlis Maidana destacó la importancia de la norma que posibilitó la aplicación de programas sociales como Pytyvõ y Ñangareko, cuando se perdió el 50% de los empleos en el país.

El sector opositor propuso, no obstante, modificar el proyecto, atendiendo los antecedentes de corrupción en el manejo de los recursos.

El diputado liberal Édgar Acosta planteó suprimir el artículo 11 para evitar “un nuevo robo en plena pandemia”, alegando que ya no es necesario realizar compras simplificadas, porque se cuenta con más tiempo para las licitaciones.

El colorado independiente Hugo Ramírez acompañó, por su parte, la versión del Senado argumentando que las contrataciones y las compras serán registradas y sujetas a auditorías. “Es el único camino para recuperar la confianza de la ciudadanía”, destacó.

La diputada del Encuentro Nacional Kattya González, a su turno, indicó que en marzo estaba justificada la excepcionalidad para dar un cheque en blanco y potestades extraordinarias al Poder Ejecutivo, pero actualmente no es necesario extender todas las medidas, por lo que apoyó la modificación, y recordó que existen carencias de medicamentos e insumos, pese a la entrega de recursos. “A este Gobierno corrupto hay que controlarle”, acusó.

El liberal Celso Kennedy cuestionó que se realicen compras sin concurso. “Servirá para facilitar contratos sin concurso y compras públicas directas y sin atender las consecuencias graves que se produjeron”, expresó.

El colorado Basilio Núñez, en tanto, fundamentó su apoyo a la ley sin modificaciones diciendo que no se puede estar en contra de que se otorguen refuerzos al personal de blanco.

La legisladora liberal Celeste Amarilla señaló que el Gobierno no merece confianza. “Hoy tenemos que hacer leyes para un producto del pésimo manejo de la crisis por parte de este Gobierno, administran mal los medicamentos y los contratos, se le dio carta blanca para contratar y seguimos con problemas de personal de blanco”, afirmó.

Igualmente, el liberal Pastor Vera Bejarano reveló que, en su departamento, San Pedro, no recibieron ni una ayuda del Gobierno. “Estamos realmente en una situación de frustración ante la falta de atención de una zona que lidera los índices de pobreza y ausencia del Estado. Mi reclamo es que haya ayuda a los hospitales de San Pedro”, lamentó.