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Fue allanada la casa de Arnaldo Matías Báez, quien fuera jefe de seguridad de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Hay sospechas de corrupción.

El celeste claro que refleja el agua de una piscina ubicada en el centro del patio, rodeada de una edificación con amplios ventanales de blindex, se muestra imponente ante los ojos incrédulos del equipo de fiscalas que llegó hasta la vivienda .

La construcción, ubicada en la fracción Santa Fe, del barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan, es una de las más lindas de la zona.

Las fiscalas María Irene Álvarez y Fabiola Molas llegaron hasta el lugar en el marco de las investigaciones por la fuga de 76 internos del centro penitenciario donde trabajaba Báez como jefe de los guardiacárceles.

Las agentes del Ministerio Público se llevaron varios documentos, que serán sometidos a pericia. “Incautamos documentos varios, para la investigación patrimonial”, expresó la fiscala Molas, una de las intervinientes.

En principio, según fuentes de la investigación, se ve una notable diferencia entre el ingreso del funcionario, que oscila los 2.700.000 guaraníes, de acuerdo a datos proveídos por el Ministerio de Justicia, con la lujosa vida y portentosa residencia que ostenta.

CORRUPCIÓN

Lo hallado en la vivienda de alguna forma refleja la corrupción imperante en el sistema penitenciario, donde funcionarios se ven tentados por las grandes cantidades de dinero que ofrecen como soborno, sobre todo, los líderes de grupos organizados, manifestaron fuentes del procedimiento.

De acuerdo a la investigación, Báez estaba de turno cuando ocurrió la supuesta liberación de los reclusos y fue uno de los primeros hombres detenidos tras el hecho junto a otros 32 funcionarios del Ministerio de Justicia, incluido el entonces director del penal, Cristian González.

Los 32 fueron imputados por liberación de presos y fueron enviados a las penitenciarías de Concepción y Misiones, respectivamente.

Todos se abstuvieron de declarar ante el Ministerio Público.

Por otra parte, en la localidad de Emboscada, Departamento de Cordillera, también se realizó un allanamiento encabezado por el fiscal Osmar Legal.

La comitiva llegó hasta la vivienda de Cristian González, que se desempeñaba como director del penal, cuando se produjo la masiva desaparición de internos.

El fiscal Legal aún no dio detalles de los resultados que arrojó el allanamiento.

Los investigadores están en busca de indicios que puedan probar que los reclusos fueron liberados a causa de una gran cantidad de dinero.

En diciembre del año pasado, la propia ministra de Justicia, Cecilia Pérez, había anunciado en una conferencia de prensa que había un plan de fuga en la cárcel de Pedro Juan, donde se ofrecía 80 mil dólares para dejar ir a líderes del Primer Comando Capital (PCC).

Entonces, Pérez ya había advertido a los funcionarios que tengan prácticas corruptas que la institución que ella preside sería implacable para castigar este tipo de hechos.

Luego de consumarse la fuga, la secretaria de Estado aseguró que los que financiaron la fuga pagaron mucho más que 80 mil dólares para lograr su objetivo.

BÚSQUEDA EN HOTELES

Pedro Juan Caballero actualmente está rodeada de hombres armados hasta los dientes, que circulan las calles con uniformes camuflados, desplazándose en helicópteros, vehículos de gran porte, buscando a los 76 fugados. Lo propio hacen agentes brasileños al otro lado de la frontera, en Ponta Porã.

Policías en compañía de agentes del Ministerio Público realizaron intervenciones simultáneas en el interior de varios hoteles en la capital del Departamento de Amambay y en los alrededores en busca de los reos liberados. Se detuvo a personas de nacionalidad brasileña, pero no se confirmó que sean internos del penal.