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Un año atrás el ministerio de Salud entregaba – en tiempo récord-  US$13,5 millones a las empresas de los hijos de Justo Ferreira para la compra de insumos médicos.  Los mismos tuvieron que ser rechazados por defectuosos. La causa sigue sin sentencia.

 

El 18 de abril de 2020 llegó un avión carguero al país con insumos médicos chinos. Días antes, en el diario La Nación habían alertado por la llamativa adjudicación que, el ministerio de Salud – en ese momento a cargo de Julio Mazzoeni – había realizado en tiempo récord. Las empresas que habían sido elegidas para la compra de estos insumos fueron: Eurotec SA e Insumos Médicos SA,  de Marcelo Ruben Ferreira Pascottini;  y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, respectivamente; ambos hijos del empresario Justo Ferreira.

Mazzoleni había gastado G. 85.220 millones  (Us$ 13,5 millones) en estos insumos chinos; pero, a los pocos días, los mismos debieron ser rechazados en su totalidad por la dudosa procedencia.

Así, no sólo fue llamativa la celeridad del proceso, y el favorecer a estas dos empresas de un mismo grupo; también, que los insumos resultaron defectuosos. Por esto, esa misma semana (la del 18 de abril de 2020) desde el ministerio de Salud anunciaron el rechazos de estos insumos chinos que habían llegado de la mano del Clan Ferreira, por no reunir con las condiciones necesarias para ser utilizados.

Los elementos requeridos a la empresa fueron 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de producción para riesgos biológicos y 50 camas para pacientes de hospitales.

Un mes después, y tras críticas y presiones por, Mazzoleni presentó ante la fiscalía una denuncia penal por “tentativa de estafa y delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas”, que estas empresas pretendían entregar. La causa está identificada como N 52/2020 “Persona innominada s/estafa”. Pero la misma, y luego de un año, LA INVESTIGACIÓN NO AVANZA.

 

CAUSA JUDICIAL

Los hijos de Justo Ferreira fueron denunciados por delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en el marco de la investigación abierta por supuesta compra irregular de insumos para combatir al Covid-19.

Justo Ferreira Servín, su hija Patricia Ferreira de Pascottini, Carlos Alberto Gamarra González, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta son los acusados en el caso.

De acuerdo con las investigaciones, los insumos médicos, que luego fueron rechazados por el Ministerio de Salud Pública, llegaron al país con documentos adulterados.

Imputación.

Luego de la imputación, los agentes del Ministerio Público habían solicitado la prisión de Justo y Patricia Ferreira. Pero, el juez Mirko Valinotti benefició a ambos con medidas alternativas a la prisión, con una fianza de un millón de dólares.

Otra causa: Patricia Ferreira también enfrenta a la Justicia por otro escándalo de corrupción. De acuerdo con una investigación abierta en el Ministerio Público, la firma a la que representa, Imedic SA, utilizó facturas falsas de una compañía multinacional para mentir sobre el origen de medicamentos, obtener permisos para su importación y luego comercializarlos en Paraguay sin control.

 

 

Un año después.

Hoy, a un año de la mayor estafa en tiempos de pandemia, legisladores solicitaron que los responsables sean castiga­dos por aprovechar la pande­mia “para robar”, ya que aún permanecen “tranquilos en sus casas” porque no hay avances en la investigación. Hasta ahora la única medida adoptada fue un sumario administrativo que llevó ade­lante la cartera sanitaria a 7 de sus funcionarios, que solo recibieron una sanción leve de suspensión de 30 días sin goce de sueldo.