Desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) reclaman que una vez más los líderes políticos de turno han mentido en relación a las reformas estatales que se debían implementar. Esto viene desde hace 30 años, desde el primer gobierno civil de nuestra historia democrática, indicó Beltrán Macchi, presidente del citado gremio.

Beltrán Macchi detalló que desde el primer gobierno civil del período democrático (gestión de Juan Carlos Wasmosy) se hicieron promesas en torno a reformas necesarias y que se creó incluso el “Consejo de la Reforma del Estado” que no ha generado resultado alguno. Luego, la segunda vez fue en el marco de un acuerdo político-empresarial-ejecutivo, durante la administración de Nicanor Duarte Frutos. En esa ocasión se firmó y se llevó adelante la “Reforma Impositiva” que incluía una agenda de reformas del Estado muy necesarias para mayor eficiencia del gasto que finalmente no avanzaron, detalló el empresario.

Y la tercera promesa de reforma infructuosa se dio en la administración actual de Mario Abdo Benítez, en el marco de una nueva reforma o modernización tributaria. En esta ocasión nuevamente se firmó un acuerdo ejecutivo-empresarial-político, con el fin de introducir nuevos tributos y cambios para mayor recaudación de otros existentes, esto con la promesa de mejorar compras públicas. Este plan de reformas se diluyó y apareció nuevamente una agenda de reformas en la pandemia. Hasta la fecha estos planes de reformas no avanzaron.

“Los líderes políticos nos mienten desde hace 30 años desde el primer gobierno civil de nuestra historia democrática”, afirmó a ABC el empresario.

Dijo que el Gobierno con cada reforma impositiva lo que hace es recaudar más para financiar a un Estado cada vez más grande, corrupto, prebendario e ineficiente; con una justicia capturada por el poder político que solo garantiza impunidad y justicia para los amigos y para aquellos que pueden comprarla.

Macchi advierte del creciente populismo en las decisiones de los tres poderes del Estado y que el intervencionismo estatal con sello populista en la actividad privada conduce a una mayor inseguridad jurídica y debilitamiento de las condiciones necesarias para la inversión privada, única generadora de empleo y riqueza sostenible.

“Desde el sector privado hacemos un fuerte llamado a combatir con firmeza estos factores de inestabilidad jurídica, así como aquellos que generan inestabilidad política, económica y social y afectan principalmente a los ciudadanos como la violencia física urbana y rural, el narcotráfico, las bandas criminales y el EPP”, expresó el ejecutivo.

Alegó que para la Feprinco es necesario el respeto a la propiedad privada y señala que la relativización de la propiedad privada debilita nuestro modelo democrático republicano.

Según el empresario, el único espacio que nos queda es el de una profunda reforma del Estado que busque ahorro en el gasto corriente, en la planilla salarial del sector público y ahorro en las compras públicas; así como en el combate al contrabando y la informalidad.

Según Feprinco, es urgente reducir el número de instituciones con funciones superpuestas y mejorar fundamentalmente la coordinación entre los tres Poderes del Estado con una agenda país que facilite la gobernabilidad política.

“Se necesitan de líderes políticos valientes para torcer el rumbo de nuestra historia hacia una de mayor prosperidad para todos”, concluyó Macchi, quien es optimista ante el logro de la contención de la caída económica en medio de la pandemia; aunque reconoce ser mucho menos optimista con relación al avance en las reformas necesarias.

Endeudamiento no es sostenible en el tiempo

El titular de la Feprinco, Beltrán Macchi, advirtió que los niveles alcanzados por el endeudamiento público, el déficit fiscal para enfrentar la pandemia y los distintos programas de asistencia a los sectores más afectados no son sostenibles en el tiempo. Señala duramente que la carga del ajuste en medio de la pandemia soportó el sector privado y la ciudadanía con una odiosa discriminación a favor del empleo público.